Los principales bloques opositores (Unidad Ciudadana y Frente Renovador), fueron los encargados de denunciar este nuevo atropello del macrismo vernáculo moronense, no sólo en el recinto, si no también acompañando los diversos reclamos vecinales. Más aún, patrocinados por la abogada Claudia Sambro Merlo, los renovadores Jorge Laviuzza y Marcelo González presentaron una medida cautelar sobre la ordenanza en cuestión el 27 de diciembre de 2018, denunciando una serie de notorias irregularidades.
La Cautelar.
En la solicitud de la cautelar a la que tuvo acceso este medio, los ediles argumentan que su pedido se basa «en la ilegitimidad con que ha sido sancionada, en principio con un expediente que muestra adulteraciones evidentes en su formación, con saltos en su foliatura; asimismo en rigor que el procedimiento observado para la sanción ha vulnerado el requisito esencial previsto en el art. 123 inc. a) y 127 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de Morón de convocar a audiencia pública.» En ese sentido, solicitan párrafo seguido «que junto con la suspensión de los efectos se dicte en los términos del art. 230 y 232 del C.P.C.C. una inhibición de ejecutar actos relacionados con el objeto de la misma, específicamente se abstengan de modificar, desalojar o realizar ninguna obra dentro del Barrio Aeronáutico El Palomar, que es el área concretamente afectada por esta reforma ilegítima.»
Ilegalidad en todos los Niveles.
A la hora de exponer los hechos que motivan la solicitud de los ediles, la abogada patrocinante, hace un breve pero potente recorrido por la veloz historia que lleva a la instalación de un Aeropuerto Comercial en una Base Aérea Militar que vale la pena citar: «Resulta de público y notorio la instalación del Aeropuerto El Palomar dentro del predio de la Base Aérea Militar El Palomar (1ra Brigada Aérea), lo que ha llevado a múltiples reclamos vecinales y hasta el momento decena de acciones para clausurar un establecimiento que ha sido impuesto a la fuerza, fuera de la ley y de manera amañada por parte de las autoridades Nacionales y Municipales; ello con el inexcusable silencio de las obligaciones a cargo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.»
«En esta instancia, sin precedentes en la jurisprudencia argentina, el recurso de amparo intentado por uno de los vecinos de Hurlingham, fue abierto como un proceso de conocimiento hasta el extremo de ordenarse una audiencia pública que ha sido cuestionada en su legitimidad ante la Justicia Federal.
«De esta manera, el 9 de febrero de este año (2018) y con una contundente resistencia, el Aeropuerto empezó sus operaciones de manera precaria, sin las mínimas condiciones técnicas de seguridad y sostenido en sobre una inusitada arquitectura jurídica, de violación de las leyes nacionales provinciales y municipales, sin precedentes desde la historia de la Nación.
«En este derrotero de flagrancia a las normas Constitucionales, el Municipio de Morón a instancias de su intendente Ramiro Tagliaferro y sus concejales afines, comenzaron a dictar ordenanzas, a las que estos denunciantes se han opuesto, en oportunidad de su votación por considerarlas violatorias de los mínimos derechos de los vecinos de Morón.«
«Entre Gallos y Medias Noches…»
«El día 4 de diciembre de 2018, ingresó al Honorable Concejo Deliberante el Expte. N° 4079-20923/18 remitido por el Departamento Ejecutivo para ser tratado en Sesión Extraordinaria N° 23, iniciado en la Dirección de Obras Particulares, individualizado el “Asunto” como REF AEROPUERTO EL PALOMAR.
«El expediente registra el inicio el 28 de junio de 2018 siendo remitido al Concejo Deliberante seis meses después de su inicio, para ser tratado en Sesión Extraordinaria, sin pasar por las respectivas Comisiones, y resultar aprobado entre “gallos y medianoches”.
«El objeto es la reforma del Código de Ordenamiento Urbano.»
Conflicto de Intereses.
En otro pasaje explicitaron: «Lo inadmisible del comportamiento de la funcionaria es que, en este caso, la señora Fiscal fue un paso más allá; habilitó la feria y pretendió tomar la declaración testimonial a los denunciantes, cuando de la lectura del cuerpo de la denuncia, surge claramente el ligamen inexcusable de su cónyuge con los hechos que se señalan como punibles.»
Por su parte, Sambro Merlo consideró en diálogo con Quinto Poder que lo que ha ocurrido en esta oportunidad «es un caso típico de Lawfare vernáculo y local».
«Un Negocio Millonario que Prescinde de los Vecinos…»
«El problema en cuestión tiene que ver con que quieren implementar un aeropuerto en El Palomar con características internacionales y para eso vienen trabajando de hace algunos años (creo que de la génesis de este gobierno) en este gran negocio millonario sin importar lo que le pase primero a los vecinos con un aeropuerto que trae inconvenientes de toda índole (y hablo concretamente de poder vivir en paz y tranquilo), y después lo que les pasa a estas familias (que en principio son 150, pero calculamos que son muchas más) que quieren desalojar para terminar la última fase de este negocio que es construir ahí hoteles, casinos… todo un andamiaje que son los estándares internacionales que les piden… para instalar ahí un aeropuerto de esas características. Esta es la cara del capitalismo salvaje que no le importa qué le pase a nadie, no le importa que haya personas, lo que le importa es poder hacer negocios ahí», sostuvo Laviuzza en consonancia con la denuncia presentada el pasado 27 de diciembre.
Y acotó en ese mismo sentido: «Estamos facilitándole a una empresa privada cosas que le negamos a los habitantes de distintos sectores de la provincia, o del país diría yo. Porque creo que esa inversión puestas en algunas provincias hubieran tenido menos problemas con las inundaciones que los que están sufriendo actualmente.»
«Hay una Manipulación de un Instrumento Público…»
Finalmente, el presidente del bloque renovador moronense aclaró: «Más allá del debate de la política… hay un debate que tiene que ver con la manipulación de un instrumento público, y a partir de eso, de entender nosotros que… este expediente estaba en malas condiciones, estaba por fuera de la legalidad al momento de venir al concejo deliberante, que no pasó por audiencia pública como nuestro reglamento interno así lo indica (esto es un caso muy parecido al busto del ex presidente Néstor Kirchner que sacaron de la plaza)… Todo eso derivó en que nosotros tuviéramos que hacer como funcionarios públicos una observación de índole legal y es la denuncia que con Marcelo González interpusimos…»