El Palomar. Respuesta de los Vecinos de Barrio Obrero ante las Declaraciones del Intendente luego de la Apertura de Sesiones: «Tagliaferro miente..! Ningún Funcionario nos atendió, tampoco la Gobernadora.»

(Por José «Pepe» Delgaudio, especial para Quinto Poder Conurbano) El viernes pasado, el intendente Ramiro Tagliaferro dejó inaugurado el período de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Morón y a su término respondió algunas preguntas de los pocos medios presentes. Sobre los desalojos a los vecinos del Barrio Aeronáutico de El Palomar, dijo: «Para empezar no son 150 familias, son 47 y los casos pendientes de desalojo son 8, algunos de los cuales la justicia ya habría avanzado en esa cuestión, e incluso hay algún caso en el que la familia se retiró».

Las Excusas de Tagliaferro.

En esta línea, el jefe comunal continuó: «Tampoco es cierto que no los atendimos. Vinieron de no muy buena forma y sin embargo fueron atendidos en el palacio municipal por el subsecretario de Gobierno». Y sostuvo: «Seamos rigurosos con la información porque naturalmente en un año electoral hay mucha gente que está interesada en hacer de esto un gran incendio o un problema mucho más importante de lo que es, porque nunca tuvieron capacidad de ser y trabajan de manifestantes públicos».
Con posterioridad a lo expresado por el intendente, Quinto Poder requirió la opinión a los habitantes del barrio que muy molestos expresaron: «Tagliaferro miente, nadie nos atendió, tampoco la gobernadora María Eugenia Vidal».
El viernes último en horas de la tarde las familias que serían desalojadas también se sumaron a la movilización contra los tarifazos y reclamaron ante la posibilidad de ser expulsados del predio que legalmente ocupan. Asimismo, el sábado 9 del corriente a las 17 horas se concentrarán en Carosella, esquina Aviador López, para marchar hasta el aeropuerto y abrazar el barrio.
Los damnificados le entregaron a este medio un comunicado de la Asociación Vecinal «Somos Moronenses», entidad que los representa, donde le aclararon al alcalde: “Somos trabajadores estatales y no trabajamos de manifestantes. Nos manifestamos porque su gobierno pregona los negocios en detrimento de nuestros derechos, por el desinterés que tiene ante los desalojos, por las falsas promesas que hizo en su campaña».
Y agregaron: “No somos 8 familias con posible desalojo, somos 310 la totalidad del barrio, 140 en principio, con sentencias de lanzamiento 47. Usted nunca mencionó ni desmintió el motivo por el cual nos desalojan. El negocio inmobiliario, el aeropuerto, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 que está exigiendo las tierras que ustedes les prometieron en ese contrato que tienen guardado bajo 72 llaves y que nadie pudo ver”.
«Nunca nos recibió.»

Las familias indicaron a Quinto Poder Conurbano que el intendente “nunca nos recibió ni mandó a ningún funcionario para que atendiera nuestro problema. En 2015 estuvo sentado en la casa de uno de los vecinos, lógicamente de campaña y prometió que sería el primero en prender fuego un neumático ante el primer desalojo». También aseguraron que nunca fueron al municipio de mala manera y que ni siquiera pudieron ingresar al Palacio Municipal porque “ordenó cerrar las puertas de acceso, sólo nos recibieron los bloques del Frente Renovador, Gen y Unidad Ciudadana”.
En tanto, sostuvieron que en 2015 junto a su señora, hoy la gobernadora Vidal, “nos dijeron que nos iban a ayudar con los desalojos, tenemos fotos de aquel momento, nos mintieron. Es posible que nos dejen en la calle. Tagliaferro miente en todas y cada una de sus palabras”.
Por último, informaron que el 17 de enero por nota solicitaron una reunión a la gobernadora y la respuesta que recibieron el 15 de febrero de la doctora Romina Rincón fue: «El expediente se giró al ministro Oscar Aguad porque es competencia de ellos». Agregaron: “Nos entregaron a nuestro verdugo, al ejecutor de los desalojos que junto con la Fuerza Aérea y la Agencia Administradora de Bienes del Estado son los encargados de limpiar la zona para concretar el millonario acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000”. 
Audiencias solicitadas a Vidal, a Tagliaferro y a la titular del Concejo Deliberante:
– 17/12/2018 nota que el intendente no respondió
– 21/12/2018 nota al intendente y a la presidenta del Concejo Deliberante, Analía Zappulla, donde solicitaron reuniones e indicaron la ilegalidad de la modificación del COU por no haber convocado la Audiencia Pública
– 25/02/2019 reiteración de notas anteriores, sin ninguna respuesta
– 17/01/2019 audiencia solicitada a la gobernadora que fue denegada por no ser de su competencia y giró la misma al ministro de Defensa, Oscar Aguad, sin respuesta hasta la fecha.
Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
El primer día del mes en curso el diario «La Nueva Mañana» de Córdoba publicó una resolución de la justicia cordobesa donde sostiene: «La Fuerza Aérea actuó de manera ilegal en la provincia al requerir vía judicial múltiples desalojos de inmuebles». El artículo periodístico (el cual ya analizó nuestro medio en «Un Fallo de la Justicia de Córdoba que puede servir como Antecedente…») mencionó los desalojos sobre 400 familias de los barrios Centro, San Martín, Viejo Matienzo, Alberdi, Ampliación Palomar, Güemes y Los Olivos, entre otros. «Son fieles testigos los centenares de inmuebles manejados por las Fuerzas Armadas de los que obtendrían beneficios personales varias veces millonarios», detalló.
La acordada judicial también menciona que a partir de 1978 se detectaron serias irregularidades por parte de los uniformados jerárquicos. La Cámara Federal sostiene en el fallo de la semana pasada que el caso “no presenta estricta correspondencia con las previsiones de la ley, por lo cual no puede ponerse bajo su amparo respecto del tipo de procedimiento –de aplicación restrictiva- previsto por ella”, poniendo en evidencia no sólo el accionar ilegal de la Fuerza Aérea Argentina en Córdoba, sino que además cuestiona la decisión tomada por el Juzgado Federal N°3 a cargo del magistrado Hugo Vaca Narvaja cuya firma ordena desalojos por medio de la fuerza pública en viviendas que nunca fueron propiedad de la Fuerza Aérea, aún, cuando se interpusieron pedidos por parte de los damnificados para que acreditaran su titularidad.
“Considero que el tenor literal del art. 1 de la ley N° 17.091 desautoriza la interpretación extensiva por parte de los magistrados, ya que la misma expresamente hace mención a la recuperación por parte de la administración centralizada, empresas del Estado, entes autárquicos o descentralizados, de inmuebles del dominio estatal concedidos por los mismos a favor de terceros, no existiendo pauta hermenéutica alguna que permita extender los efectos de la norma en cuestión a casos en los que no se encuentren verificados estos requisitos”, falló el juez-
El fallo de Liliana Navarro, vicepresidenta de Cámara Federal de Apelaciones, al que adhieren los vocales Luis Rueda, Abel Sánchez Torres y el secretario de Cámara Miguel Villanueva, señaló que “el de la ley 17.091 constituye un régimen excepcional pues permite que tras la presentación judicial sin más trámite se ordene el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, y como régimen excepcional que es, debe interpretarse restrictivamente”.
Por esto, la Cámara Federal de Córdoba otorgó el recurso de apelación interpuesto por el abogado Fabián Moscovich, en representación de los vecinos de Barrio Ampliación Palmar, y revocó la resolución del 2 de mayo del año 2018, dictada por el Juzgado Federal N 3 de Córdoba, declarando “improcedente el lanzamiento, en los términos de la ley 17.091, iniciado por la Fuerza Aérea Argentina en contra de la Sra. Norma del Valle Oliva”.
El fallo transcripto es un antecedente jurídico que puede aplicarse en favor de los grupos familiares del Barrio Aeronáutico, fundado con el nombre de Barrio Obrero por el presidente Juan Domingo Perón en 1950 y modificado en 1956 mediante decreto de los militares que lo derrocaron en setiembre de 1955.
Son inaceptables las descalificaciones y mentiras de Tagliaferro hacia los inquilinos sosteniendo que «trabajan de manifestantes políticos y proceden con violencia», cuando la realidad indica que son trabajadores del estado que reclaman con respeto y sin agresiones. En síntesis: «Miente, miente que algo quedará…»

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