Congreso. Presentan Pedido de Informes sobre el Financiamiento de una ONG «Antiderechos»

(Congreso, 6 al 11/03) Luego de que los diputados Carmen Polledo, Cornelia Schmidt-Liermann, Eduardo Amadeo, Jorge Enriquez y Marcela Campagnoli participaran el pasado 6 de marzo del lanzamiento que la alianza de Iglesias Evangélicas (ACIERA) hiciera de una red contra el aborto en el Salón de los Pasos Perdidos en el edificio histórico del Congreso Nacional a un año exacto del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; la diputada Mónica Macha (una de las coautoras del proyecto que se vio truncado en la Cámara Alta) presentó con fecha 11 de marzo un pedido de informes, donde se indaga al Poder Ejecutivo Nacional sobre “la necesidad de contratar a una organización gubernamental que intervenga en una política pública de central importancia, por fuera de los equipos de profesionales y dispositivos de gestión existentes en el sistema público de salud”.
Mónica Macha junto a los médicos tucumanos José Gigena y Cecilia Ousset
que intervinieron de urgencia a una niña de 11 años, embarazada producto de
una violación, para salvarle la vida.

 

Un Convenio Millonario con una ONG que promueve el incumplimiento de la Ley.


Es que el acto que se llevó a cabo el 6 de marzo pasado llevaba implícito la firma de un millonario convenio entre el “Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la  Fundación “Vida en Familia””, de acuerdo a lo que advierte Macha en el proyecto de resolución ingresado el pasado lunes. Es en ese mismo sentido es que indaga también sobre “los mecanismos de selección y licitación utilizados para el otorgamiento de 1.430.000 pesos a dicha organización…” Consultando asimismo con qué criterio se seleccionó una ONG “que públicamente promueve el incumplimiento a la normativa vigente en… materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.”

El proyecto parlamentario indaga además sobre por qué se optó por vulnerar “los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional” que indican que “el Estado debe ser neutral respecto de los ideales de vida que persigan los habitantes de la Argentina” al financiar a una Fundación Evangelista.
Finalmente consulta sobre “el significado de la categoría “embarazo vulnerable” y los mecanismos para su determinación” y sobre “el riesgo de una posible sanción internacional al Estado argentino como consecuencia del incumplimiento de  los Tratados de Derechos Humanos”.


“El Estado hace Lobby contra los Derechos de las Mujeres…”


“Queremos saber con qué criterio y para qué fines específicos se asigna una partida de dinero a una ONG mientras el Gobierno, por otra parte, recorta partidas presupuestarias en materia de salud y en distintas áreas destinadas a políticas de género”; manifestó la diputada feminista a través de un comunicado oficial. Y sentenció: “Detrás de esta maniobra está la decisión política de Cambiemos de financiar desde el Estado a organizaciones que hacen lobby contra los derechos de las mujeres y que promueven campañas contra la interrupción voluntaria del embarazo a partir de sus pertenencias religiosas, de las cuales el Estado debería mantenerse apartado”

*Junto a Macha suscribieron el pedido de informes: Daniel Filmus, Adrián Grana, Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti y Analía Rach Quiroga (del FPV-PJ); Cecilia Moreau (Frente Renovador); Leonardo Grosso y Victoria Donda Pérez (Red por Argentina); Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra (FIT); y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).

El Proyecto de Resolución Completo:


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