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Santiago Maldonado. El Gobierno denunció a Pablo Nocetti por el Operativo que Derivó en la Desaparición y Muerte del Joven Militante. - Quinto Poder Conurbano

Santiago Maldonado. El Gobierno denunció a Pablo Nocetti por el Operativo que Derivó en la Desaparición y Muerte del Joven Militante.

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La denuncia contra el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por los delitos de “perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes”, quedó a cargo del juez Casanello.

El Ministerio de Seguridad denunció hoy al ex jefe de Gabinete de esa cartera en el macrismo, Pablo Nocetti, y al ex director de Gendarmería Nacional, Ernesto Robino, por supuestos delitos cometidos durante los operativos de agosto de 2017 en la ruta nacional 40, en la provincia de Chubut, que tuvieron como consecuencia la desaparición y posterior muerte del joven militante social.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y se presentó por los delitos de “perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes”, informaron fuentes judiciales.

En la denuncia se aludió a lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta. “Frente a ello, personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje”, se recordó en la denuncia.

“HUBO UNA INDEBIDA INJERENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL, EN TANTO SU CARÁCTER DE AUTORIDAD POLÍTICA ADMINISTRATIVA”.

“Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público”, sostuvo la denuncia sobre Nocetti.

Para el denunciante “hubo una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa” impedía “involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado”.

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