Ecuador. Lawfare: La Justicia Ecuatoriana dejó fuera de las Próximas Elecciones a Rafael Correa: «A lo Único que nos condenan es a Vencer…»
El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Ecuador, la máxima instancia de la justicia ordinaria del país, rechazó este lunes el recurso presentado por el ex- presidente Rafael Correa y dejó firme su sentencia por corrupción a ocho años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que hace legalmente imposible que se presente como candidato en las elecciones generales de febrero próximo.
A fines de agosto, el Gobierno de Ecuador había aclarado que la palabra final sobre la candidatura de Correa la tenía la Justicia. Poco después, la situación electoral del ex-mandatario quedó abiertamente en un limbo legal cuando las autoridades electorales no permitieron que aceptara de manera virtual, desde Bélgica, donde vive desde 2017, su postulación a la Vicepresidencia.
Este lunes, sin embargo, la vía legal para las elecciones del próximo 7 de febrero, en las que la fuerza del ex- mandatario se perfila como la primera minoría, quedó cerrada para Correa.
“DENLE TODA LA SOLIDARIDAD A PERSEGUIDOS ALLÁ. RECUERDEN: A LO ÚNICO QUE NOS CONDENAN ES A VENCER”.
Rafael Correa
“Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia ‘definitiva’ para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”, aseguró el ex- mandatario en su Twitter.
Mientras en la calle cientos de simpatizantes del ex- mandatario pedían su absolución con banderas nacionales y otras con su cara, dentro de la sede de la Corte Nacional, dos de los tres jueces del tribunal, Lauro de la Cadena y José Layedra, rechazaron todos los recursos presentados por Correa y otros 15 condenados, entre ellos el ex- vicepresidente Jorge Glas, según el diario El Comercio.
Dejaron firme la condena, que ahora sólo puede ser recusada ante la Corte Constitucional de Ecuador o ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, ambas estrategias judiciales tomarán varios meses, como mínimo, y mientras tanto la condena ratificada este lunes en tercera instancia se mantiene vigente. Por eso, Correa no puede continuar legalmente con las candidaturas a vicepresidente o a legislador por el exterior, ambas votadas e impulsadas por el Frente Unión por la Esperanza (UNES) el mes pasado.
El período legal para aceptar y, de esa manera, oficializar las candidaturas ante la Justicia electoral ecuatoriana venció la semana pasada. Mientras la decisión judicial sepultó las esperanzas de Correa y sus ex- funcionarios, una sola de los condenados en el juicio, conocido como Sobornos, se vio beneficiada hoy por el Tribunal de Casación, Pamela Martínez, la mujer que la Fiscalía presentó como exasesora de extrema confianza de Correa y que el expresidente dijo apenas conocer, y la principal testigo de la Fiscalía, recibió una reducción de su pena de 32 meses a nueve meses y 22 días.
El Juicio «Sobornos» y el Lawfare.
El año pasado, Martínez contó a la prensa que en 2018 decidió escribir detalladamente en un cuaderno el esquema de corrupción que, sostuvo, funcionó entre 2012 y 2016. Menos de una semana después, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial y presentado la acusación contra 11 exfuncionarios y 10 empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.
Según la denuncia que presentó la Fiscalía, entre 2012 y 2016, un grupo de funcionarios de la Presidencia, por entonces dirigida por Correa, tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios que tenían contratos con el Estado y que terminaban en las arcas del partido oficialista, por ejemplo para garantizar la última reelección del mandatario en 2013.
La Fiscalía no pudo demostrar un vínculo directo entre Correa y las abultadas cifras de dinero – sólo lo acusó por un depósito de U$S 6.000 -, pero estableció que había gobernado como “un autócrata” con una influencia directa sobre el resto de los ex- funcionarios involucrados, a los que “instigó” a cometer el delito de cohecho.
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