Violencia. Tras su liberación, el troll macrista cordobés que amenazó a Cristina Fernández de Kirchner, conocido como “El Presto”, comenzó a acosar a Mayra Mendoza.
En el marco de un allanamiento realizado el jueves pasado, Eduardo Miguel Prestofellipo se resistió a esa inspección domiciliaria y quedó detenido a disposición del juez federal 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, por “resistencia a la autoridad y desobediencia en flagrancia”. Luego de ser notificarlo debidamente sobre el inicio de esa causa en su contra recuperó su libertad, pero lejos de bajar el perfil, redobló la apuesta y se dirigió con suma violencia a la intendenta de Quilmes.
La detención de “El Presto” había sido realizada el jueves por personal de la Policía Federal Argentina de la delegación de la capital cordobesa, que hizo un allanamiento por orden del Juzgado Federal 2 de esa provincia, al cual el troll, influencer, youtuber y supuesto periodista se resistió.
El allanamiento fue ordenado en el marco de una causa en la que se investiga las presuntas amenazas a través de la red social Twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández, informaron en su momento fuentes policiales y judiciales.
Según las fuentes, durante el operativo, en la casa del violento troll se encontró una foto de él junto al dictador Jorge Rafael Videla y otras pertenencias en la misma sintonía antidemocrática, reaccionaria y golpista, tras lo cual, el acusado, Eduardo Miguel Prestofellipo, comenzó a obstaculizar el accionar de los policías que, además, luego hallaron un arma de fuego con numeración ilegible, por lo que desde el juzgado dispusieron su detención.
El acoso a Mayra Mendoza
Tras pasar una noche preso, Prestofellipo fue notificado de todas las causas en su contra y luego fue liberado. Lejos de deponer su actitud violenta, comenzó a agitar el avispero: primero comenzó una campaña para recolectar dinero a través de Mercado Pago para costear su defensa en las sendas causas penales en su contra y, en segundo lugar, lanzó un feroz ataque desde sus redes sociales contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, como se puede ver en el siguiente tuit.
Además de subir un vídeo en el que queda reflejado el acoso que sufre de parte de este siniestro personaje, Mayra Mendoza en otro tuit compartió una foto en la que deja en claro sus convicciones y de dónde proviene el odio que destila El Presto, en la que se lo puede ver sonriente junto a Videla.
Las amenazas a Cristina
“Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”, tuiteó “El Presto” el 27 de agosto último y adjuntó una fotografía de la vicepresidenta en el Senado de la Nación.
Ese mismo día, más tarde, desde la misma cuenta de Twitter, @ElPresto20k, en la que Prestofellipo se presenta como “periodista” y “director de @24dataok”, aclaró: “Estamos hablando de ‘Viva’ POLÍTICAMENTE”.
Al respecto, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández, escribió en su cuenta de Twitter: “El que amenazó a @CFKArgentina preso. Espero salga pronto, el tema no es la pena. Sino que sepan que amenazar de muerte a Cristina y sus “críos políticos” tiene su costo. Te metés con Cristina bancate las consecuencias. Espero el comunicado de ADEPA. Listo”.
Y aclaró: “@CFKArgentina no impulsó ni se constituyó querellante en la denuncia al periodista Prestofelippo. Lo allanaron y detuvieron por las amenazas a la Vicepresidenta. Gracias al Fiscal @horacioazzolin que impulsó mi denuncia y la diputada Gabriela Estévez que denunció”.
En este contexto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación publicó el 28 de agosto pasado en su página web (www.fiscales.gov.ar) un comunicado en el que informó que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, “recibió en sus canales oficiales dos correos electrónicos en los que se denunciaba la presunta comisión del delito de amenazas contra la vicepresidenta”, uno de ellos, “remitido por el abogado Gregorio Dalbón”.
Según el comunicado, los investigadores “verificaron la existencia de la publicación, aseguraron la evidencia electrónica de interés y remitieron las presentaciones a la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, tras lo cual por sorteo el caso quedó “radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12”.
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