Bolivia aprueba cultivos de transgénicos y Evo Morales alerta sobre su peligro
A tres días de conocerse sobre la vigencia del Decreto Supremo 4348 para la identificación de áreas para el uso de semillas transgénicas de maíz, con lo que se daría un nuevo paso en la incursión del uso de semillas genéticamente modificadas, sin consulta previa, más de cien organizaciones han manifestado su rechazo.
Sin anuncio previo y sin ningún pronunciamiento en acto público, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, decretó el martes 22 la identificación de áreas y zonas de cultivos para el maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología. La medida ya levantó polvareda y críticas de organizaciones agroecológicas y el ex presidente Evo Morales, quienes señalan que es una carta abierta para la introducción del cultivo de transgénicos.
“El presente Decreto Supremo (4348) tiene por objeto identificar las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y zonas de cultivo de maíz amarillo, en el marco del inciso a) del numeral 4 del Artículo 13 de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria”, empieza la norma que encomienda su cumplimiento a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Beatriz Capobianco.
“Se identifican las áreas que constituyen centros de diversidad de maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro generado por cualquier tecnología, conforme al estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, realizado por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF)”, indica el segundo artículo.
La tercera disposición del decreto establece que “con el fin de evitar la generación de semilla como resultado de la polinización cruzada entre cultivos de maíz convencional o generados por cualquier tecnología, se deberán contemplar fechas diferenciadas de siembra y distancias entre campos de uno y otro cultivo, conforme a las normas técnicas y agronómicas aprobadas por el INIAF”.
A tres días de conocerse sobre la vigencia del Decreto Supremo 4348 para la identificación de áreas para el uso de semillas transgénicas de maíz, con lo que se daría un nuevo paso en la incursión del uso de semillas genéticamente modificadas, sin consulta previa, más de cien organizaciones han manifestado su rechazo y aseguran que el efecto puede ser catastrófico en esferas económicas y sociales.
“Más de 100 organizaciones de la sociedad civil para la suspensión de los Decretos Supremos 4232 y 4238 que autorizan los transgénicos en Bolivia, debido a que exacerban las condiciones que incentivan la deforestación y representan un atentado al patrimonio genético y cultural de nuestro país, así como a la salud pública de la ciudadanía que han refrendado la Constitución que les garantiza una alimentación sana y saludable, en respeto de la soberanía y seguridad alimentaria”, se lee en el pronunciamiento dado a conocer por organizaciones como el Cejis, Cipca, Tierra, Iffi, Cepac, Aclo, Semta, Repam, Aplab, Ecotambo, Senda Verde, entre otras.
Evo alerta sobre el peligro
El expresidente Morales, refugiado en Argentina, se pronunció también sobre el tema mediante su cuenta de Twitter. “En menos de un año, el gobierno de Áñez introdujo el maíz transgénico en #Bolivia y, ahora, aprueba, con el D.S. 4348, su siembra en el mismo lugar de cultivos con variedades convencionales, lo cual es un atentado contra la vida y la Pachamamba”.
Con esto se reaviva la polémica por el empleo de transgénicos. Ya anteriormente Áñez promulgó los decretos 4232 y 4238, que disponen el análisis del uso de semillas transgénicas en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, a cargo del Comité Nacional de Bioseguridad. Se planteó una acción popular contra estas medidas.
El decreto 4348 viene a reforzar lo dispuesto en el 4232, que firmado el 7 de mayo dio luz verde al uso de semillas de semillas genéticamente modificadas para varios cultivos, entre ellos los considerados matriz alimenticia de los bolivianos: maíz, trigo, soya, caña de azúcar y algodón.
Desde entonces más de un centenar de instituciones y organizaciones productivas manifiestan su rechazo a la norma por considerar que, además de violatoria de la Constitución y acuerdos internacionales, vulnera la salud de los bolivianos y la diversidad biológica del país.
Por ejemplo, el glifosato, un agrotóxico empleado en el 85 por ciento de los cultivos transgénicos, es altamente nocivo para la salud humana según estudios científicos y médicos avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte la Carta Magna del país suramericano establece que es obligación del Estado ‘garantizar la seguridad alimentaria mediante una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población’.
Hasta la firma de los referidos decretos, Bolivia solo autorizó la producción de la soya RR1 por su resistencia al glifosato.
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