Espionaje. Procesaron a Arribas, Majdalani y nueve ex agentes por operaciones ilegales en toda la Provincia, hasta en el Hospital Posadas.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como presuntos coautores de “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad” por espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.

En el fallo de 979 carillas, Ramos Padilla concluyó que “existía una directiva de carácter general” que ordenaba a los agentes de la AFI “realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo”.

Además, para el magistrado hubo “órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar”.

La decisión se tomó en la llamada causa “AMBA” e incluyó embargos de 20 millones de pesos para los dos exfuncionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.

EN LA MISMA RESOLUCIÓN RAMOS PADILLA PROCESÓ A OTROS 9 EX AGENTES DE LA AFI.

El juez consideró que todos los procesados son coautores de los delitos “en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.

Finalmente, cabe remarcar que esta parte de la causa investiga espionaje ilegal desde bases de la AFI emplazadas en la provincia de Buenos Aires.

EL ESPIONAJE MACRISTA EN EL HOSPITAL POSADAS

Los trabajadores del Hospital Alejandro Posadas denunciaron ante la justicia que fueron víctimas del accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre otros hechos, mencionaron que fueron seguidos por el mismo auto que espiaba a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y que la justicia federal de Lomas ya determinó que se trataba de un vehículo que correspondía al área de Contrainteligencia de la ex SIDE.

La presentación fue hecha a principios de mes por la asociación de profesionales CICOP, pero en la mañana de este miércoles lo anunciaron en una conferencia de prensa. “Durante el gobierno macrista funcionó en el Hospital Posadas un sofisticado aparato represivo y de espionaje ilegal que tuvo como objetivo desactivar las luchas de lxs trabajadorxs y la comunidad en defensa del hospital, los puestos de trabajo y la salud pública”, dice la denuncia a la que accedió PáginaI12 y que, según explicaron desde la CICOP, quedó radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

Los profesionales del Hospital Posadas dividen en dos etapas lo sucedido en el Hospital Posadas durante la gestión de Macri, que se caracterizó por despidos masivos y presencia de la Gendarmería. Según consignó Página 12, durante la administración de Alberto Díaz Legaspe se habrían llevado a cabo distintos métodos de persecución, pero habría sido durante la gestión de Pablo Bertoldi Hepburn, que la AFI desembarcó dentro del Hospital. La presunta vinculación de Bertoldi Hepburn con las máximas autoridades de la AFI macrista, que había sido publicada en el diario La Nación, dio pie a una denuncia que presentó la diputada del Frente de Todos Mónica Macha el 14 de febrero de 2017. Como Stornelli, que también en ese caso era el fiscal, no impulsó la acción penal, el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa el 10 de marzo de ese mismo año.

El 1 de abril de 2016, los trabajadores del Posadas habían denunciado, a través de un comunicado, que los seguían con un Volkswagen Voyage de patente NNV 682. La información salió publicada en el portal local El Cactus e incluso está ilustrada por una foto del auto en cuestión. Más de dos años después, en agosto de 2018, el mismo vehículo fue identificado y grabado mientras sus ocupantes montaban guardia en el Instituto Patria. El juez Juan Pablo Augé procesó por estos hechos a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz y Martín Coste por las actividades de inteligencia ilegal desplegadas sobre Cristina Fernández de Kirchner. La investigación llevada adelante por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pudo determinar que ese auto pertenecía a la flota de vehículos que usaba Contrainteligencia de la AFI, lo que terminaría validando las sospechas iniciales de los trabajadores del Posadas de que estaban siendo seguidos por la exSIDE.

En el procesamiento dictado contra los exdirectivos de la AFI por el llamado Proyecto AMBA, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla mencionó que habían hallado informes confeccionados por los espías sobre el conflicto gremial en el policlínico. Según sostiene el magistrado, los agentes estuvieron en las protestas en el centro médico, tomaron fotografías e incluso elevaron informes a la jefa de la base Haedo, Alicia Nocquet, procesada también por violar la ley de inteligencia junto con otros siete jefes de otras delegaciones de la AFI.

Según sostiene la CICOP en su denuncia, el accionar de la AFI habría quedado también en evidencia en el armado de causas a trabajadores y fue posible por la articulación con medios de comunicación afines al macrismo, que los presentaban como ñoquis o saboteadores.

La presunta presencia de agentes de la AFI en el Posadas durante el macrismo trae recuerdos de la presencia en plena dictadura de un grupo de hombres que se presentaban como abogados del Ministerio de Bienestar Social y que revisaban los casos del personal que había sido cesanteado por la dictadura. Para los trabajadores no eran más que agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el policlínico no sólo hubo detenciones masivas a cuatro días del golpe de Estado, que se realizaron gracias a la confección de listas negras, sino que se llegó a montar un centro clandestino dentro del mismo predio. Todos estos hechos, crímenes de lesa humanidad, fueron validados por la justicia en dos juicios realizados en 2011 y en 2018.

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