Estados Unidos y el bloqueo contra Venezuela: asfixiar a un pueblo para cambiar a un gobierno

Por Héctor Bernardo

Tras una visita de más de diez días a Venezuela, la relatora especial sobre la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos, Alena Douhan, señaló cómo las sanciones unilaterales, el congelamiento de activos en el extranjero y el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y países de la Unión Europea contra Venezuela perjudican de manera contundente la vida cotidiana del pueblo de esa nación suramericana.

Los medios hegemónicos de comunicación a lo largo y ancho del mundo intentaron invisibilizar la importancia de las conclusiones a las que llegó Douhan, que fueron expuestas en un informe preliminar.

En dicho informe, Douhan detalló las sanciones que Estados Unidos (desde 2015), la Unión Europea y algunos países de la región (desde 2017) han impuesto de manera unilateral contra Venezuela.

Las sanciones y el bloqueo han hecho que el ingreso del Estado venezolano «haya disminuido en un 99 %. Actualmente el país vive con el 1 % del ingreso que tenía antes de las sanciones. Las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo […] Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda. Esto ha traído como resultado una disminución en los salarios del sector público. Los empleados ya no ganan entre los 150 y 500 dólares que ganaban en 2015, sino entre 1 y 10 dólares en 2020 y menos, aún, en 2021».

«Hoy Venezuela tiene carencia en maquinarias, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas», remarcó la relatora, quien, además, señaló que «los activos de Venezuela congelados en bancos americanos, ingleses y portugueses representan 6.000 millones de dólares».

«La calidad de vida de los venezolanos ha disminuido por causa de las sanciones coercitivas unilaterales», aseguró Douhan.

Todo ello ha traído como consecuencia el aumento de la pobreza, la desnutrición infantil, el trabajo infantil, la inseguridad alimentaria, la precarización laboral, la delincuencia, la emigración, el aumento de la mortalidad materna y neonatal. También ha provocado un marcado deterioro en la calidad de vida del pueblo venezolano y una limitación en el acceso al derecho a la salud y a la educación. El bloqueo también genera una gran dificultad para que el gobierno pueda implementar efectivamente los programas sociales y de asistencia a la población.

Douhan señaló que los motivos argumentados por Estados Unidos para implementar sanciones contra Venezuela «no se corresponde con los requisitos del Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», y remarcó que las sanciones multilaterales implementadas contra los sectores económicos y las empresas venezolanas «violan el derecho internacional».

«El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el gobierno de Venezuela, viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela y afecta sus relaciones regionales», sostuvo.

La relatora afirmó que las sanciones, el bloqueo y el congelamiento de activos tienen «un efecto devastador sobre toda la población venezolana, especialmente en los sectores de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados, pacientes con enfermedades crónicas y la población indígena».

Para evaluar la importancia de las conclusiones de la relatora especial de las Naciones Unidas, Contexto dialogó con la presidenta de la Fundación Latinoamericana de los Derechos Humanos y el Derecho Social (FUNDALATIN), María Eugenia Russian.

Russian sostuvo que «a juicio de la comunidad ecuménica de la Fundación Latinoamericana de los Derechos Humanos y el Derecho Social, las conclusiones divulgadas por la relatora Alena Douhan representan una referencia humana con gran importancia geopolítica en este tiempo especial de enfrentamiento a la pandemia. Se une a esfuerzos de países responsables, movimientos y comunidades de buena voluntad del mundo, por superar las visiones supremacistas, egoístas y opresoras en el mundo y abrir espacios de convivencia humana con responsabilidad y cuidado con la gente y con la Madre Tierra, en el sentido de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU».

«El bloqueo a obtener alimentos, medicinas e insumos necesarios para la producción, así como el congelamiento de activos financieros y el desvío y activos de CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos, ha atentado contra el derecho a la salud del pueblo venezolano, al obstruir la atención que realiza el Estado venezolano mediante programas sociales de salud como el de Barrio Adentro. Gracias a la solidaridad internacional se está logrando recibir vacunas, precisamente desde la Federación Rusa, para iniciar la aplicación de vacunas en su primera fase. El informe de la relatora Douhan registra esta obstrucción al derecho a la salud por efecto de las medidas coercitivas unilaterales», explicó.

Russian también remarcó que «desde la diplomacia de los pueblos, tanto movimientos sociales como Estados responsables y personalidades de ascendencia ética, como el papa Francisco, impulsan un amplio movimiento ético geopolítico para superar esta hegemonía de los grupos de poder que defienden las decisiones de las potencias opresoras bélicas. Inclusive rechazando las advertencias de instancias multilaterales como la Organización Mundial de la Salud. En este tiempo de lucha global contra la pandemia, el informe de la relatora Douhan resulta de especial importancia para superar la hegemonía decisora de estos sectores opresores y avanzar hacia una integración solidaria. Como se intenta desde América Latina y el Caribe con el Alba-Tcp, cuya alianza rechaza la visión mercantil de la salud y enfrenta en conjunto la pandemia solidariamente en favor de los pueblos».

En relación con el rol que han cumplido los medios hegemónicos de comunicación de la región frente las sanciones unilaterales y el bloqueo, Russian señaló que «la difusión de mentiras sistemáticas, interesadas en función de los grupos de poder, resulta una herramienta de distorsión de la realidad que tiende a dividir la percepción de los pueblos, evitando inhumanamente salidas conjuntas para enfrentar amenazas como la pandemia o las tendencias bélicas. En relación a las medidas unilaterales y el bloqueo, se ha difundido por los medios hegemónicos la apreciación de que esas mal llamadas ‘sanciones’ son unos mecanismos legales para contrarrestar a gobernantes corruptos, irresponsables, calificados de dictadores. Como lo dicen del presidente Maduro. Se hace cada vez más necesario que la visión ética de los movimientos sociales, comunidades de buena voluntad, gobiernos responsables y esfuerzos como los del papa Francisco hacia una humanidad fraterna se impulsen y difundan con mayor efectividad para superar las tendencias opresoras inhumanas que se difunden con criterios sectarios, supremacistas, excluyentes, fundamentalistas, de sectores con amplio poder comunicacional. En ese sentido, el informe de la relatora Douhan resulta de la mayor importancia comunicacional por su visión ética que expresa sobre los efectos de las medidas coercitivas sobre los derechos humanos de la población».

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