Nicaragua. Se recrudece el acoso a ese País en Año Electoral.

Una a una, las naciones independientes del planeta, las que no responden al dictado de Estados Unidos, las que pretenden mantener su soberanía contra viento y marea, sufren periódicamente los embates de la maquinaria propagandística del imperio, especialmente cuando han de enfrentarse a procesos electorales cruciales. Este es el caso de Nicaragua, que afronta elecciones generales en noviembre de este año donde, todo apunta, a que Daniel Ortega y el sandinismo van a revalidar su espectacular triunfo por una abrumadora mayoría, según las propias encuestas de las multinacionales demoscópicas hegemónicas.

¿Y cuál es la mejor manera de dañar un triunfo electoral más que cantado? Pues embarrar el terreno de juego para sembrar dudas sobre su resultado, porque responde, nada más y nada menos, que a la voluntad popular. Lo hemos visto en numerosas ocasiones, siempre con el concurso de los vendepatrias quintacolumnistas aliados del imperio, que son herramientas fundamentales en estos procesos antisoberanistas y contrarrevolucionarios.

Uno de los cómplices necesarios de Estados Unidos en Nicaragua ha sido, aún lo es, la «Fundación Violeta Barrios de Chamorro» y su presidenta, Cristiana Chamorro, una herramienta financiada por la USAID norteamericana para derrocar al sandinismo y poner a Nicaragua a nivel de un protectorado de Washington. Esta fundación adquirió especial protagonismo el pasado febrero del presente año, cuando optó por disolverse ante el requerimiento de la «Ley de Agentes Extranjeros», que la obligaba a registrarse como tal, para seguir recibiendo financiación del exterior y mantener su actividad intoxicadora. Su reacción fue bastante esperable, ya que una de las condiciones necesarias para que la permanente campaña de propaganda tuviese calado, es que no pareciese dirigida desde las cloacas de un enemigo jurado del país centroamericano. Así que, al tener por ley que aparecer registrada públicamente como agente de Washington, la efectividad de sus futuros mensajes se vería bastante mermada y su credibilidad como fuente quedaría desacreditada de por vida.

Lo que provocó la risa fue la reacción del gobierno de EEUU y sus vasallos europeos. Todos se lanzaron en tromba a denunciar una ley que ya existe y aplica la Casa Blanca, de una manera mucho más restrictiva de lo que puede hacerse en Nicaragua, entre otras cosas porque la ley sandinista es mucho más permisiva que la aprobada por el Congreso norteamericano.

Pero el proceso de embarramiento electoral continúa. El Ministerio Público nicaragüense ha iniciado un proceso judicial contra la Fundación «Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia» por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Dentro del caso, se ha imputado a la política Cristina Chamorro Barrios, en calidad de representante de la fundación, además de al contable y al administrador de la misma.

De nuevo, Estados Unidos, Europa y los medios del poder han salido unánimemente a denunciar lo que consideran una maniobra del «régimen» para anular a la principal candidata de la oposición, ya que las encuestas de Gallup la sitúan como la que más posibilidades tiene de derrotar a Ortega-Murillo en noviembre, con una proyección electoral, atención, del 21% (!!). Es evidente que al sandinismo le convendría enfrentarse a una candidata así y vencerla con una amplia holgura en las urnas. Pero lo que esto pone de manifiesto también es que lo sucedido no tiene nada que ver con cálculos electoralistas, como se denuncia en occidente, sino con el respeto a la Ley y a la soberanía de un país.

¿Qué hay detrás de todo este caso jurídico? Obviamente desenmascarar a Estados Unidos y sus títeres dentro de Nicaragua. Pero también conocer qué se ha hecho con el dinero que llegaba a espuertas desde el norte sin ningún tipo de control. No se trata de, como se ha dicho, de golpear a la «prensa independiente», dependiente de Washington. Ni mucho menos. Sin embargo, sí que se va a poner en el foco próximamente en algunos programas llevados a cabo por la Fundación con relación a los medios de comunicación y a periodistas que, al parecer, han recibido directrices, formación y financiación de la señora Chamorro (como intermediaria de la USAID) con aviesas intenciones relacionadas con la desestabilización del país centroamericano.

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