(San Martín/El Palomar) En el marco de la polémica conversión de la Base Aérea de Palomar en un Aeropuerto Comercial usufructuado por empresas «low cost», el pasado viernes 26 de enero la abogada palomarense Claudia Sambro Merlo presentó un nuevo recurso de amparo (recordemos que el letrado Lucas Marisi ya había realizado lo propio con un recurso al que se le diera lugar) ante el tribunal de la jueza Martina Forns en el juzgado federal de San Martín.
Fly Bondi, continúan los amparos en contra del polémico proyecto de la gestión macrista |
En diálogo con nuestro medio, Sambro Merlo explicó que su presentación judicial se debe a que «a pesar de dictarse la medida cautelar (promovida por el amparo presentado por Marisi) las obras siguieron.» Y aclara que la particularidad del escrito de su autoría es que «se centra… en que todas las medidas que se adoptaron son nulas, que debía el Congreso haber intervenido» y no el poder ejecutivo que no tiene potestad para definir el asunto.
La letrada considera asimismo que el plan de desmantelamiento de la Base Aérea de Palomar y la erección de un aeropuerto comercial estaban previstos por el macrismo desde el minuto 1 de iniciar su gestión, y que se enmarca dentro de una política de Estado que prevé el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en detrimento de la seguridad y soberanía nacional.
Estos planteos, además de presentarlos en la secretaría de la jueza Forns, se los transmitió por carta documento a la Presidencia de la Nación, al titular de la Base Aérea de Palomar – Brigadier General Enrique Amrein -, y a Pablo Biró en su carácter de máxima autoridad de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Un Decreto Inconstitucional
El amparo presentado por Sambro Merlo apunta en primer término a la inconstitucionalidad de «el Decreto N° 1092-PEN/17, publicado en el B.O. el día 26 de diciembre de 2017, en cuanto mediante el mismo dispone la transferencia de la 1° Brigada Aérea de El Palomar, como Aeropuerto “El Palomar” afectando el enclave Militar, a la órbita de la aeronavegación civil y comercial…» Sosteniendo su reclamo en que se verá afectada como vecina de El Palomar «en forma actual e inminente, lesiones, restricciones y , alteraciones que amenazan , con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional…»
Más allá de su planteo individual, la letrada sostiene que «la 1° Brigada Aérea de El Palomar, Base Aérea El Palomar constituye un “establecimiento de utilidad pública”, exclusivo del Poder Legislativo», de acuerdo a lo previsto en la Constitución Nacional; y que, por lo tanto, «su desafectación como base aérea militar, destinada a la Defensa Nacional, corresponde en forma exclusiva al Congreso de la Nación mediante una ley que así lo disponga, con fundabilidad suficiente y finalidad pública superior de la que tiene en sí la defensa de los cielos argentinos.»
Un Gobierno que Desconoce la Legalidad
En segundo lugar, Sambro Merlo continúa su planteo argumentando que el «Poder Ejecutivo Nacional» comete «injuria… por la desobediencia de la medida cautelar dictada en los autos, «Marisi, Leandro y Otro c/Poder Ejecutivo Nacional – PEN- Ministerio de Transporte de la Nación y Otro s/Amparo Ambiental”.
Sostiene este razonamiento en la instalación de «carteles indicadores como vías hacia el “Aeropuerto El Palomar” en el ingreso al Acceso Oeste desde la Avda. Gral. Paz, en la salida del Acceso Oeste hacia la calle Dolores Prats tanto vía Provincia como en la mano contraria.»
En ese mismo sentido, la letrada hace referencia a una serie de fotografías publicadas en Facebook el 25 de enero «donde constata que se ha continuado con las obras en tiempos posteriores al dictado de la medida, dejando el interior del “Aeropuerto” totalmente finalizado.»
Un Atentado contra la Defensa de la Competencia
En tercer lugar, Sambro Merlo «solicita
se disponga la nulidad
de la Resolución E 408/17, del Ministerio de Transporte de la Nación, en cuanto se contrapone a la Ley de Defensa de la Competencia, procediendo a adjudicar
56 (cincuenta y seis) rutas comerciales a una línea aérea sin conformación ni solidez
como persona jurídica, en un acto unilateral, violando los procesos
licitatorios y en perjuicio de la pluralidad que protege
la norma mencionada.»
se disponga la nulidad
de la Resolución E 408/17, del Ministerio de Transporte de la Nación, en cuanto se contrapone a la Ley de Defensa de la Competencia, procediendo a adjudicar
56 (cincuenta y seis) rutas comerciales a una línea aérea sin conformación ni solidez
como persona jurídica, en un acto unilateral, violando los procesos
licitatorios y en perjuicio de la pluralidad que protege
la norma mencionada.»
Que Cesen las Obras y se le Restrinja el Inicio de los Vuelos a Fly Bondi
El objetivo principal del amparo presentado el último viernes de enero es que se dictaminen «medidas cautelares… que dispongan
el cese de las obras en la 1° Brigada Aérea de
El Palomar referidas al “Aeropuerto El Palomar”; como así también
se ordene la restricción para iniciar
las operaciones de vuelos
aerocomerciales… Fly Bondi… en cualquier Aeropuerto Nacional, frente a la forma espuria de la adjudicación de las rutas aéreas
en flagrancia a la Ley de Defensa de la Competencia y por tratarse
de una persona jurídica
de dudosa legalidad
al día de la fecha.»
el cese de las obras en la 1° Brigada Aérea de
El Palomar referidas al “Aeropuerto El Palomar”; como así también
se ordene la restricción para iniciar
las operaciones de vuelos
aerocomerciales… Fly Bondi… en cualquier Aeropuerto Nacional, frente a la forma espuria de la adjudicación de las rutas aéreas
en flagrancia a la Ley de Defensa de la Competencia y por tratarse
de una persona jurídica
de dudosa legalidad
al día de la fecha.»
Un Gobierno que Atropella a la Ciudadanía
Una de las apreciaciones más contundentes que arroja la abogada en el amparo presentao es que el «Poder Ejecutivo Nacional…, aun a sabiendas de la disconformidad de la población afectada, y de la ILEGITIMIDAD Y ARBITRARIEDAD DE LAS MEDIDAS, está dispuesto a seguir adelante aunque en el camino atropelle a los vecinos, al Municipio, al Congreso, al Poder Judicial, a los Acuerdos Internacionales Suscriptos, a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y a la Constitución Nacional».
Y desde allí su planteo se suma a las voces de muchos otros vecinos del oeste bonaerense que quieren impedir el avance de este peligro cada vez más concreto.