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| Una Unidad de Fly Bondi atraviesa el espacio aéreo del campo de deportes del Colegio Emaús |
(De Nuestra Redacción) En el marco de la polémica provocada por la irregular puesta en marcha del aeropuerto de El Palomar para uso prácticamente exclusivo de la aerolínea «Low Cost» Fly Bondi la letrada palomarense Claudia Sambro Merlo realizó una nueva presentación judicial en la que denuncia a los responsables políticos de la concreción de dicho emprendimiento.
En declaraciones a nuestro medio, Sambro Merlo explicó: «Frente a la pasividad de los Tribunales de San Martín… y frente al avance imparable del Poder Ejecutivo… inicié una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder».
«La denuncia es contra Mauricio Macri y también Marcos Peña como Jefe de Gabinete de Ministros, por el dictado del Decreto… que pasa la Base Aérea a Aeropuerto Civil, y que ratifica en el artículo 46 del DNU 27/2018 violando potestades propias del Congreso», precisó.
Pero no termina ahí la denuncia, según explicó, también fueron denunciados «German Garavano y el titular de la Inspección General de Justicia por el trámite exprés de FB Líneas Aéreas S.A. (Fly Bondi)«; Guillermo Dietrich (Ministro de Transporte de la Nación) por la adjudicación de las líneas aéreas cuando no era su facultad mediante una resolución nula; Oscar Aguad y Sergio Bergman (Ministros de Defensa y Ambiente respectivamente): el primero por no haber intervenido respecto de una Base Aérea a cargo de su cartera y el segundo por haber omitido los pasos ambientales obligatorios (previstos) por la Ley General del Ambiente.»
Ya, en la órbita provincial, la abogada ambientalista cargó legalmente contra la gobernadora «María Eugenia Vidal y los titulares del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (Rodrigo Aybar) y el de la Autoridad del Agua (Pablo Rodrigué) por haber omitido proceder de acuerdo a la ley ambiental de la provincia de Buenos Aires, que obliga al dictar una declaración de impacto ambiental previa al proyecto… en las areas aledañas a la Base que corresponden a la Provinicia.»
Ya en el ámbito municipal Tagliaferro y toda su planta de concejales corrió la misma suerte. El mandatario comunal y sus munícipes fueron incluidos en la presentación de la letrada por la ordenanza sancionada con los votos del oficialismo el pasado 6 de febrero y promulgada con posterioridad por el intendente, cambiando «el sentido de las calles hacia el aeropuerto.»
La Denuncia
Al igual que en su primera presentación, Sambro Merlo enmarca su denuncia en la inviabilidad urbanística y ambiental del proyecto aerocomercial apadrinado por la gestión macrista.
Al respecto precisa: «es en esta zona, un proyecto totalmente inviable desde el punto de vista urbanístico y ambiental». Y considera que «esta circunstancia, fue perfectamente advertida por quienes evaluaron este “emprendimiento”… (que) «lejos de abortar el mismo, procedieron, desguazar el proyecto en sí, y lo dividieron en numerosos actos administrativos, los que a simple vista pasaban inadvertidos, pero que en su sumatoria iban dando lugar a la conformación y establecimiento del Aeropuerto El Palomar, en el predio de la 1° Brigada Aérea de El Palomar, el que se encuentra en funcionamiento desde el 7 de febrero de 2018.»
Una Exensión Fiscal Escandalosa
Para contextualizar la denuncia penal, la abogada ambientalista realiza un recorrido por la constitución legal «FB Líneas Aéreas S.A.» balizando varias irregularidades en su constitución. En el escrito precisó que la «fecha del contrato social» de Fly Bondi data del «22 de septiembre de 2016» y que la misma es «beneficiaria de exención en el Impuesto a las Ganancias respecto de 7 (siete) rubros.»
«En un país en que los empleados, y jubilados pagan impuesto a las ganancias, sin desmedro de los autónomos que son perseguidos y en algún caso aplastados por la presión fiscal, no se evidencia cuál es el beneficio que se aportará al crecimiento del Estado. Muy por el contrario, se advierte la creación defectuosa y atropellada de una empresa aérea, para fines propios de los particulares intervinientes, y fines aun no conocidos respecto de los funcionarios que se han prestado a esta maniobra ilegal» sentenció categóricamente la litigante.
Personería Jurídica en Tiempo Récord
El escrito presentado ante la justicia federal observa fuertemente la velocidad con la que fue constituida como persona jurídica Fly Bondi; y es ahí donde entran en la denuncia el ministro de justicia de la Nación y el inspector general de justicia:
«En cinco meses, con plazos escandinavos y transparencia venezolana, Julián Leslie Cook, al principio con terceros, hasta tanto obtuviera su Documento Nacional de Identidad, vino para traer la línea con cincuenta y seis rutas aéreas a cubrir con un solo avión “en condiciones”, en nada menos que la 1° Brigada Aérea El Palomar, cuyo capital histórico pendular nos remonta a la represión, los “vuelos de la muerte” y “el Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina en la gesta de recuperación del Archipiélago de las Malvinas”; precisó Sambro Merlo.
Párrafo seguido interpretó: «En este estado de situación, es que se entiende que esta actividad irregular de la administración, desplegada en plazos meteóricos, sin respetar los tiempos legales necesarios para el análisis de las cuestiones expuestas en análisis, ha necesitado de la participación y anuencia del Ministro de Justicia de la Nación Germán Carlos Garavano y del titular de la Inspección General de Justicia Sergio Rubén Brodsky.»
Un Acto Fraudulento
Más adelante, Sambro Merlo considera nulo el acto administrativo por el que se le otorga a Fly Bondi la explotación de cincuenta y seis rutas aéreas a Fly Bondi y la explotación como aeropuerto comercial a la Base Aérea de El Palomar.
En primer lugar porque el expediente en cuestión está suscrito por el titular de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, cuando en la carátula del mismo hace referencia al Ministerio del Interior – por lo que el que debiera suscribir es el titular de esa cartera, Rogelio Frigerio.
«Así como ha sido publicada la resolución, es nula de nulidad absoluta, ingresando a criterio de la suscripta en el acto administrativo «inexistente»», manifiesta. Y agrega más adelante: «Esta situación supera la misma nulidad, ya que no hablamos de un acto formal con defectos en sus elementos sino de «ausencia de acto».»
Sin embargo, la denuncia no se detiene ahí, puesto que – usando como referencia la Ley de Ministerios -, Sambro Merlo observa que ni el Ministerio del Interior, ni el de Transporte «OSTENTA FACULTADES PARA CONCEDER UNA RUTA AÉREA Y MUCHO MENOS INCLUIR EN ESTA MANIOBRA UNA BASE MILITAR AFECTÁNDOLA A LA AVIACIÓN CIVIL».
Un Decreto con Mala Fe
La abogada se detiene también en la mala fe de los actos administrativos dictados por el presidente Macri. En particular en el decreto publicado el 26 de diciembre de 2017 por el cual se incluye a El Palomar en el cronograma de aeropuertos comerciales.
Al respecto sostiene: «No resulta un dato menor la fecha en que fuera dictado y oficializado. Ya existía un recurso de amparo en estudio, por lo que el señor presidente, debió prudentemente abstenerse de realizar ningún acto en respeto al principio de «limitación al alcance» que dispone que, cuando una cuestión se encuentre en debate ante el Poder Judicial, la Administración debe abstenerse de realizar actos de intromisión, mucho menos dictar normativa que tenga relación directa con el objeto en debate.»
La nulidad de la normativa dictada por el ejecutivo nacional radica – según la letrada – en el «empeño en instalar el aeropuerto aún en contra de la ley.» Amén de que, ya desde su primera presentación, la especialista insiste en que el presidente y sus ministros interfirieron una y otra vez «sobre potestades propias del Congreso Nacional».
La Complicidad de Vidal
«La señora gobernadora omitió ejercer su obligación de acuerdo a lo que prevé la ley, ya que si bien la zona de la Base Aérea El palomar, es un establecimiento de utilidad pública, las zonas circundantes como las mismas calles cuya circulación ha modificado el Concejo Deliberante, no lo son», argumenta Sambro Merlo al involucrar en los delitos denunciados a la mandataria provincial y algunos de sus funcionarios.
Agregó en esa misma línea de razonamiento: «La Provincia de Buenos Aires, omitió el ejercicio de su competencia jurisdiccional obligatoria en materia ambiental, y propició que, de hecho, se instalara un Aeropuerto Aerocomercial en plena orbe cuando cuenta con dos organismos especiales para el ejercicio de esas funciones como el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.»
Más adelante profundiza: «La omisión, no puede ser reputada inocente, ya que la violación sistemática al deber de control con todos los sistemas ambientales implementados, le hacen presumir a la denunciante una voluntad de omitir los mismos con fines, que en este caso desatienden el interés público y responden a beneficios que sin duda, no comprenden a la ciudadanía sino que evidencian un negocio lucrativo para terceros al costo de violar todos los precintos legales…» En ese mismo sentido manifiesta: «Esta omisión ignominiosa, expone la violación al principio de igualdad ante la ley».
Ilegalidad Extraordinaria
A raíz de la sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Deliberante Local el pasado 6 de febrero (con el quórum inicial garantizado por la concejal del monobloque justicialista, Karina Godoy), los 12 ediles macristas y el intendente Ramiro Tagliaferro también fueron denunciados por Sambro Merlo.
«La sesión que dio como fruto la sanción de la ordenanza 18623/18, modificó los sentidos de circulación de las calles Nelson Page, Matienzo, Bergamini, Madariaga, Urquiza y Galán en distintos tramos», explicó en otro pasaje de su presentación la letrada.
Remarcó que «al momento del inicio del tratamiento el día 6 de febrero y a la fecha de presentación de esta denuncia, se encuentra vigente una medida cautelar dictada por la Dra. Martina Forns» a instancia de una presentación hecha por Lucas Marisi.
Es por eso que considera que existe «una desobediencia a una medida cautelar dictada por un Juzgado Federal competente, cometida por el Departamento Ejecutivo Municipal en cabeza de intendente, y posteriormente ratificada por los concejales denunciados que acompañaron la flagrancia con su voto positivo».
Por otra parte, considera que tanto los ediles oficialistas como el intendente incurrieron en el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Aunque «no descuenta que, luego de un proceso de investigación se configure un verdadero y escandaloso “concurso real de delitos” que desnuden una finalidad obscura y ajena a cualquier interés público.»
Es que con la sanción de esta ordenanza, según lo expuesto por la denunciante «no solo se ha vulnerado la Ley Orgánica de las Municipalidades, dictando una ordenanza cuyo fin principal apunta a “legalizar” la instalación de un Aeropuerto Aerocomercial Internacional en el ejido urbano… sino que se sancionó en contraposición con el Código de Ordenamiento Urbano vigente» en el distrito de Morón.
De dicho código se desprende que «el uso “aeropuerto internacional para aeronavegación comercial” no está permitido en todo el Municipio» a excepción de la zona del ««aeródromo» y no es justamente donde se ha establecido el Aeropuerto El Palomar cuyo único uso específico es “1° Brigada Aérea”.
Los ediles denunciados por Sambro Merlo son: Analía Zapulla, Natalin Faravelli, Romina Fusco, Juan Nardo, Carlos Solia, Adriana Ortíz, Leandro Ugartemendía, Judith Windecker, Emilio Catena, María Eugenia Brizzi y Nicolás Canario Soto. Posteriormente, Sambro Merlo ratificó y amplió su denuncia incluyendo también a Vanesa Sosa.