(De Nuestra Redacción) La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires acaba de declarar «la nulidad de la Reglamentación» de la Ley que regula la actividad de los trabajadores municipales por haber incurrido, la gobernadora María Eugenia Vidal, «en una extralimitación de los Poderes» que le confiere la Constitución de la provincia. Es que luego de una larga lucha, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) que conduce Rubén «Cholo» García había logrado en 2014 la aprobación de la Ley 14.656, que reemplazaba a la Ley 11.757 que se había dictado bajo el gobierno provincial de Eduardo Duhalde. La Ley de 2014 les garantiza a los trabajadores de los 134 municipios bonaerenses una serie de Derechos, como la estabilidad laboral después de un año de contrato, la convocatoria a paritarias con participación gremial, la ampliación de licencias y otros tantos que les permitían a los municipales emparentarse con los Derechos del empleo público nacional, por ejemplo.
Sin embargo, al momento de reglamentar la 14.656, la gobernadora Vidal utilizó una serie de artilugios que le permitió cambiar rotundamente el sentido de la normativa. Ese manejo irregular, espurio, que para el máximo Tribunal de Justicia significa «una extralimitación del Poder Ejecutivo», fue lo que les permitió a los intendentes – particularmente de Cambiemos – flexibilizar aún más a los trabajadores y echar a miles de trabajadores, algo que la Ley justamente venía a proteger.
La Maniobra en Morón
Así, la maniobra de Vidal le permitió, por ejemplo a su ex esposo Ramiro Tagliaferro, despedir a cientos de municipales con más de un año de antigüedad (algunos con hasta 15 años de municipales) y, recientemente, evitarse la convocatoria a las Paritarias.
La Ley expresa que se deben designar miembros paritarios de los sindicatos con más del diez por ciento de afiliados, los que debían sentarse a negociar con los miembros paritarios del Departamento Ejecutivo, todo normado bajo la mirada del Ministerio de Trabajo. La reglamentación fue tan de contramano con la Ley, que le permitió a Tagliaferro no hacer nada de esto y alcanzarle con la firma de una hoja membretada entre él y el sindicalista oficialista Pablo Salvo. El resultado de la disparatada maniobra en el municipio dejó como resultado el despido de más de 300 trabajadores y el irrisorio aumento del 10 % entre marzo y junio.
Dilación o Justicia
El presidente del máximo tribunal, Dr. Héctor Negri, fue durísimo con el gobierno provincial al explicar los alcances del fallo. De la reglamentación de 24 artículos cuestionados por la Federación, 23 fueron declarados «inconstitucionales» en su reglamentación.
Lo que resta saber ahora es que ocurrirá con aquellas medidas que se tomaron basadas en la reglamentación ilegal.
Hace pocas semanas, los concejales oficialistas de Morón avalaron la no convocatoria a paritarias y el aumento de solo el 10 % firmado en un papel entre Tagliaferro y Salvo. ¿Es válido lo que hicieron los concejales de legalizar el acta acuerdo?. Los municipales despedidos de Morón, con más de un año de antigüedad, desde diciembre de 2017 hasta la fecha; ¿tenían la estabilidad que les garantizaba la Ley o podían ser echados cómo sostenían Vidal y Tagliaferro? ¿Sus despidos serán considerados legales o ilegales? ¿El Sindicato de Empleados Municipales que dirige Luis Duré será convocado a Paritarias o no? ¿La Asociación de Profesionales del Hospital Municipal se sentará en una Mesa ante el Ministerio de Trabajo o seguirá siendo ignorada por Tagliaferro?
Las respuestas a estas y otras preguntas dirán si el rotundo fallo de la Justicia contra la gobernadora María Eugenia Vidal generará un nuevo marco de justicia o si dilatarán los tiempos para la implementación de una Ley que lo que buscaba era generar estabilidad y Derechos a los trabajadores municipales de la provincia.