Voy al punto crítico, ser destituyente no es ser golpista, aunque la oligarquía busca instalarlos como sinónimos y aventa los temores colectivos de una población mayormente inculta en sus derechos civiles y cooptada por una educación autoritaria de culto al Estado.
En nombre de las instituciones democráticas, la legalidad, la paz social y el orden establecido, un amplio abanico opositor convalida las cadenas del sistema burgués, demonizando la idea destituyente.
El gobierno de ocupación de Cambiemos busca una oposición controlada que se ajuste al cronograma electoral y no pretenda modificarlo, una oposición comprable en las bancas y sobre todo que ni siquiera mencione la existencia del Nuevo Orden Mundial y su agenda para el país; se puede hablar del neoliberalismo pero no del fascismo, se puede criticar la política económica pero no se puede denunciar la entrega territorial a las tropas angloamericanas, hay límites muy precisos.
Halcones destituyentes (la minoría) y palomas negociables (la mayoría) componen las dos posiciones posibles frente a una dictadura cívico empresarial que va girando cada vez más hacia las posiciones de la nueva derecha de Trump.
El juicio político, la revocatoria de mandato y otros mecanismos de control son precisamente la salvaguarda contra el ejercicio despótico de la primera magistratura, de ninguna manera una acción desestabilizadora y antidemocrática como intentan inculcarnos.
El eclipse de las organizaciones sociales: amagando por izquierda y cobrando por derecha.
El dirigente Raúl Castells del Movimiento Independiente de Desocupados y Jubilados (MIDJ) formuló una grave denuncia en mi programa radial y dijo:
“En diciembre de 2016 nos propusieron que a cambio de firmar que no hablaríamos de la destitución del presidente hasta 2019, recibiríamos varios millones de pesos, podíamos hablar de la política económica o general, pero sin tocar la figura presidencial, repartieron 55 millones de pesos en una reunión dirigida por el Ministro de Trabajo Triacca y la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley […] hubo lugar para 42 firmas, se planteaba que hasta tres semanas después de finalizar el mandato el actual presidente, no se podía tocar su figura hasta incluso el 2 de enero de 2020, tenía que firmar cada representante de las organizaciones sociales grandes, firmaron el movimiento Evita de Pérsico, por la corriente clasista combativa (CCC) Alderete, Grabois por la CTP, Daniel Menéndez por Barrios de Pie y la gente de Darío Santillán. Nos negamos a asistir y firmar el MIDJ y el Polo Obrero.
«El gobierno ponía como excusa para el reparto de esa plata que uno tenía que hacer un informe social a nivel provincias y pueblos para encubrir así el dinero otorgado, si poníamos la firma nos hubiésemos llevado varios millones de pesos, pero nosotros, el MIDJ preferimos nos fusilen que firmar un acuerdo con el peor gobierno de la historia […] Ellos usan carpetazos y sobornos con los sindicatos también, por eso se despreocupan por esta oposición. Nosotros llamamos al pueblo a insistir en la renuncia de Macri y la convocatoria a una Asamblea Constituyente y reformular toda la Argentina sobre otras bases y otras políticas.”
Aquí vemos pocos halcones y decenas de palomas en una cruda denuncia que explica el por qué es más redituable para algunos, cumplir con el cronograma electoral aún pagando un altísimo costo en miseria, despidos y ajustes.
La Constitución como libro prohibido: la Biblia y el calefón.
La destitución constitucional no es antidemocrática, carece de espíritu golpista, tanto el juicio político, revocatoria de mandato y otros mecanismos legales de ninguna manera son herramientas desestabilizadoras en un estado de derecho.
El artículo 53 de la Constitución Nacional dice: “Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.”
El artículo 59 dice: “Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto.
Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.”
El artículo 29 dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”
No obstante, hay un abanico de posibilidades por dentro y fuera del sistema, además de dicha destitución constitucional, y es la Asamblea General Constituyente o una revolución popular (sea armada o pacífica).
Los pueblos latinoamericanos buscaron de formas no siempre adecuadas, librarse del yugo de las dictaduras cívico militares (década del ’70) o cívica empresarial (Cambiemos) o gobiernos inoperantes (Alianza), todas modalidades de liberación del agobio, sin necesidad de depender de un llamado a elecciones o de golpear las puertas de los cuarteles (Golpismo clásico); el gobierno de Cambiemos debería estar advertido por la historia de que la soga se estira hasta que se corta.