(Congreso) El polémico fallo judicial que el pasado 28 de junio dictaminó un año de prisión en suspenso para Mariana Gómez acusada por supuesta «resistencia a la autoridad» cuando fue detenida por besar a su esposa en Constitución en octubre de 2017 generó el repudio de distintos actores del arco político y social.
«El Derecho a la Libre Manifestación de Todas las Sexualidades…»
Tal fue, por ejemplo, la postura de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que – ni bien conocido el fallo lesbofóbico dictado por el tribunal oral criminal 26, presidido por la jueza Marta Yurgano – reivindicó «el derecho a la libre manifestación de todas las sexualidades sin restricciones ni sesgos aún presentes en las fuerzas policiales y en la justicia patriarcal».
«Una Sentencia Discriminatoria…»
En ese mismo sentido, la diputada nacional Mónica Macha (FPV-PJ), presentó el pasado 1 de julio un proyecto de repudio al escandaloso fallo del tribunal oral 26 donde manifiesta además «su más profunda preocupación por el fallo judicial que condena a un año de prisión en suspenso a una mujer acusada por supuesta “resistencia a la autoridad” cuando fue detenida por besar a su esposa en la estación Constitución en octubre de 2017»; y considera que «dicha sentencia constituye un hecho de clara discriminación hacia una pareja de mujeres lesbianas y atenta contra la igualdad de géneros, la libertad de expresión, la convivencia y el uso igualitario de espacios públicos entre las personas de igual y diferente sexo. Asimismo, el fallo emitido por el Poder Judicial demuestra una evidente falta de perspectiva de género, en claro incumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos.»
«Una Deuda de la Democracia…»
La diputada moronense manifestó en declaraciones difundidas a la prensa que “Es fundamental que el Congreso Nacional haga público su enérgico rechazo hacia este fallo absolutamente lesbofóbico y discriminatorio, que atenta contra la igualdad de géneros, agrede la libertad de las personas y va a contramano de las políticas de inclusión y ampliación de derechos alcanzadas en la Argentina”; y, en ese mismo sentido, acotó que “sigue siendo una deuda de la democracia transformar verdaderamente las instituciones del Estado, sobre todo el Poder Judicial, para avanzar hacia la erradicación de la violencia de género y garantizar el ejercicio pleno de derechos a todas las personas sin ningún tipo de discriminación”.
* El proyecto en cuestión lleva la firma de las diputadas y diputados Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Cristina Álvarez Rodríguez, Analuz Carol, Victoria Donda Pérez, Silvina Frana, Juan Manuel Huss, Cecilia Moreau, Roberto Salvarezza, Leonardo Grosso, Magdalena Sierra, Alicia Soraire, Daniela Castro, Verónica Mercado y Gabriela Estévez.