(Por Mariano De Andrea) Indignante: El jefe comunal de Morón y ex marido de la gobernadora Vidal, está demostrando lo que realmente es: Un torpe delincuente común. A menos de 24 hs. de haberse dictado una medida cautelar por parte del juzgado de garantías nro. 2 de Moreno, en la que se le prohíbe expresamente repartir mercadería con su nombre personal, utilizando los recursos del municipio, y frente a la absoluta complicidad policial y de la justicia local, continúa desobedeciendo abiertamente la orden del magistrado de garantías en franca violación del artículo 239 del Código Penal.
En efecto, según lo establece el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 153, los funcionarios y auxiliares de la policía tienen la obligación de aprehender a quién sea sorprendido en flagrancia de la comisión de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de la libertad. Por su parte el artículo 239 del Código Penal sanciona con prisión de 15 días a un año, a la persona que desobedeciere una orden judicial, tal como la dispuesta por el titular del juzgado de garantías nro. 2 de Moreno, que expresamente le advirtió en su resolución del 21/10/19 al municipio de Morón que cualquier personal administrativo que entregue mercaderías (chapas, colchones, alimentos, etc) con el nombre del intendente municipal – antes del 28 de octubre – estaría cometiendo el delito de desobediencia.
En tales condiciones, la autoridad pública tiene el deber legal de detener a los autores por tratarse de delitos comunes, previstos y reprimidos en el código penal, al igual que un robo o una violación. No solamente que la aprehensión de los responsables debe ser realizada inmediatamente por la policía, (debiendo ser puestos a disposición del fiscal de turno) sino que la situación de flagrancia, es tan grave, que la propia ley procesal autoriza a cualquier ciudadano particular para que realice esta aprehensión y coloque a los delincuentes así detenidos, a disposición de la autoridad judicial o policial.
Frente a la inactividad alarmante de los órganos encargados de prevenir y perseguir el delito, el intendente Ramiro Tagliaferro se ríe de la justicia y continúa acumulando en su haber, nuevos delitos. A las 15 denuncias que ya acumula en la Fiscalía General de Morón por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, se suma ahora este nuevo escándalo sin precedentes.
Si un sólo funcionario independiente quedara en la órbita del departamento judicial local, ya debería haber actuado de oficio pidiendo la detención de Ramiro Tagliaferro, pero el encubrimiento y la complicidad judicial con la que se maneja sólo es comparable con la impunidad que le brinda la pasmosa inactividad policial. De esta forma, el estado de derecho vuelve a sufrir una herida mortal por parte del macrismo con la consumación, frente a las narices de la inactividad policial, de la más clara desobediencia a las disposiciones de la ley penal y uno de los más aberrantes avasallamientos del orden institucional cometidos en Morón por el estado municipal desde la vuelta de la democracia.