Una fiscal de Morón, en soledad y sin apoyo investigó durante años a esta red delictiva con importantes conexiones en altos cargos de la Fiscalía General del distrito del oeste bonaerense, pero fue víctima de un apriete y el expediente fue cajoneado.
Fuentes judiciales a las que pudo acceder Quinto Poder señalaron que esta es «una causa de enorme trascendencia penal e institucional», ya que «la flota de vehículos oficiales del hoy suspendido fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, era utilizada por su chofer, Juan Carlos Basualdo, para cometer todo tipo de delitos. Un hombre de confianza del magistrado durante más de 30 años».
El ex fiscal Nieva Woodgate, suspendido por otra causa vinculada con delitos de lesa humanidad, según las fuentes a las que accedió este medio, también «participa de una red delictiva y asociación ilícita relacionada con el tráfico de drogas, promoción de prostitución, abuso de autoridad, cohecho, estafa a la administración pública, amenazas y violencia doméstica, entre otros hecho delictivos».
El temor es grande entre las autoridades judiciales de la Fiscalía de Morón, ya que muy pocos letrados «se animan o se arriesgan a hablar públicamente» sobre esta causa hoy «cajoneada en el Departamento Judicial de La Matanza, que conduce la fiscal Patricia Ochoa», asegura la persona consultada por Quinto Poder que, por obvias razones, solicitó «mantener en reserva la identidad de la fuente».
«Armaron una operación en su contra y la acusaron de haber falsificado documentación contra el principal imputado en la causa, Basualdo».
Y no es casual, la misma fiscal que inició la investigación comenzó a ser «perseguida desde las mismas dependencias de la Fiscalía General» y hasta fue «apartada de la causa y luego sumariada», para luego «remitir el expediente al Departamento Judicial de La Matanza, que conduce Ochoa», quien habría recibido «la orden de archivar la investigación».
Así es como a la fiscal que encabezaba la investigación, Claudia Fernández, terminó siendo víctima de esta «banda judicial». «Armaron una operación en su contra y la acusaron de haber falsificado documentación contra el principal imputado en la causa, Basualdo, hombre de confianza del ex fiscal Nieva Woodgate», señala nuestra fuente.
Sobre este tema, la misma Fernández le comentó a sus colegas que luego de iniciada su persecución «no se hicieron más allanamientos de trata». «Además, la Cuerpo II del expediente se archivó, justamente la parte donde Basualdo aparece pidiendo coima en un burdel, en el que también hay un caso de pedofilia», se quejó la fiscal.
«La menor que era obligada a prostituirse quedó embarazada y el chofer del fiscal general, encubierto desde ámbitos de la fiscalía, la había hecho abortar».
«Desde las 4 hasta los 16 ese tipo (Basualdo) abusó de una menor que identifiqué. Era algo habitual, pero no lo hizo más porque quedó embarazada y luego la hizo abortar en un consultorio de abortos tradicional en Castelar, lugar en el que en chófer de Nieva Woodgate también trabajaba», complementó Fernández.
«Por estos gravísimos ilícitos hechos está imputado Basualdo, hombre de confianza del ex fiscal Nieva Woodgate, además, se encuentran involucrados los, por aquel entonces, fiscales generales adjuntos del suspendido fiscal general de Morón», explica nuestra fuente antes de dar detalles minuciosos sobre el expediente de siete cuerpo «cajoneado» y de la causa fraguada contra la fiscal.
Lo insólito es que a Fernández se la acusa «de falsedad ideológica de instrumentos públicos que indican que el chofer de Nievas Woodgate se encontraba cumpliendo funciones en la dependencia», pero en realidad se había «acreditado en la investigación que Basualdo se encontraba solicitando coimas a nombre de la fiscalía general y cometiendo delitos de pedofilia, utilizando para ello la flota de autos del Ministerio Público de Morón».
«Esta causa tiene ribetes insospechados, ya que hay testigos e investigadores amenazados, incluso un muerto en situaciones sospechosas».
«Los delitos de pedofilia se encuentran acreditados porque la menor que era obligada a prostituirse quedó embarazada y el chofer del fiscal general, encubierto desde ámbitos de la fiscalía, la había hecho abortar», remarca la fuente, que además es una persona que tuvo acceso al expediente y cercana a la fiscal.
Toda esta información fue «oficialmente cajoneada» en las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de La Matanza, «donde fue girada la investigación para quitarla de la esfera de la fiscal de Morón, que por este motivo fue perseguida, sancionada y colocada en otra Unidad Funcional de Instrucción (UFI), desde la que no puede seguir investigando la corrupción latente en su departamento judicial».
Según las fuentes judiciales, audios y documentación a la que accedió Quinto Poder, esta causa tiene ribetes insospechados, ya que hay testigos e investigadores amenazados, incluso un muerto en situaciones sospechosas (del que hablaremos en una próxima entrega de esta investigación).
Por último, es importante recordar que el expediente que se aloja en el Departamento Judicial de La Matanza, que conduce la fiscal Patricia Ochoa, está cajoneado, mientras, la mafia judicial sigue operando.