Mientras esperan la resolución oficial sobre el levantamiento gradual de la cuarentena, las empresas constructoras de todo el país comunicaron al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que necesitan empezar a cobrar la deuda del Estado de $34.700 millones para reanudar proyectos de infraestructura.
Fuentes de empresas nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción revelaron a Quinto Poder Conurbano que «si no se empiezan a cancelar las deudas acumuladas durante la gestión anterior, no se podrá retomar la obra pública, tal como sabe el ministro Katopodis».
La debacle del sector es tal que «en marzo se perdieron entre 25 mil y 30 mil puestos de trabajo, y hoy existen solamente 340.000 operarios en el sector, en los registros oficiales», apuntaron desde la máxima entidad de la construcción.
Por carril paralelo, los empresarios dejaron en claro al Gobierno que necesitan la reapertura de las fábricas de insumos para la construcción, que no fueron consideradas como actividades esenciales a pesar de que la obra pública se encuentra en ese listado. «Necesitamos que el lunes estén en funcionamiento los fabricantes de hierro, vidrio, cerámica, todos los que precisa la obra pública federal y que representan muchos puestos de empleo», ampliaron. También reclamaron a Katopodis que regrese la construcción privada, al menos en pequeña escala.
Fuentes de la cartera conducida por Gabriel Katopodis detallaron en forma reciente a este medio que de los $34.700 millones en concepto de deudas con el sector privado, la Dirección Nacional de Vialidad concentra más de la mitad de ese monto: $18.600 millones.
Asimismo, de acuerdo con un borrador al que accedió este medio, el resto del universo se completa con deudas en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), por $7.200 millones; por las secretarías de Obras Públicas y Recursos Hídricos, $1.400 millones; y redeterminaciones de precio pendientes por un monto de $7.600 millones.
Si se estudia al interior del ítem Vialidad, existen obligaciones por $5.600 millones devengados; $1.600 millones sin devengar; y una gigantesca cifra de $11.400 millones no registrados ($8.500 millones con facturas presentadas y $2.900 millones que ni siquiera registran facturas), todo lo cual totaliza $18.600 millones en este segmento neurálgico de la obra pública.
Cerca del ministro Katopodis analizaron que la «herencia macrista» en Vialidad «representa el 21% del total de las erogaciones anuales del organismo. Por supuesto, todo esto impacta en el presupuesto 2020; es decir: «le come esa cifra. Un disparate, una barbaridad de guita».