El periodismo en Bolivia se ha convertido en una labor que te conduce a un paso de la cárcel o de la muerte.
Desde el pasado noviembre cuando se desató el golpe de estado en Bolivia que impuso a Jeanine Añez a cargo de las gestiones de estado mediante un gobierno de facto, se han suscitado una serie de hechos inadmisibles que coartan la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la seguridad con la que todo ciudadano debe contar.
Las garantías de desarrollar las labores periodísticas sin tener el temor de ir a la cárcel o dirigirte a la muerte sin poder informar los sucesos desde ningún punto de vista es lo que rige actualmente, la dura imposición del Gobierno de Facto con las fuerzas del orden, ha posicionado en el imaginaio de la población que periodismo es sinónimo de sedición y terrorismo.
Actos de violencia que se han venido evidenciando con golpes, insultos, amenazas, encarcelamiento y muerte de trabajadores de la prensa, con falsas acusaciones de delitos que exacerban el buen juicio.
El reciente pronunciamiento de la misión de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país, en el que propone a las autoridades de facto investigar los delitos cometidos contra periodistas, demuestra que nunca es tarde para la búsqueda de la verdad y de justicia a favor de quienes tenemos el deber de informar, si es que está solicitud está ampliamente vinculada a proteger la vida de todos.
De acuerdo a los hechos recientes en los que cinco periodistas sufrieron agresiones, es que la instancia internacional difundió un tuit, con su cuenta @Oacnudh_BO «la Misión está preocupada por la violencia y hostilidad contra periodistas registrada en las últimas 24 horas (…) llama a actores involucrados a respetar labor de los medios e insta a las autoridades a brindar protección e investigar los hechos».
Sin embargo, es necesario recordarle a las instancias correspondientes que la investigación debe ser de fondo e inferir de manera prudente en el atentado que también realizaron contra periodistas desde el pasado noviembre, en el que perdió la vida el profesional argentino, Sebastián Moro, encarcelaron a Facundo Molares con falsas acusaciones, corresponsales de varios países fueron gasificados, y debieron correr a sus respectivos consulados para proteger su integridad, sin olvidar que se atentó contra el derecho de los comunicadores de los medios estatales con agresiones verbales y físicas, y con amedrentamientos públicos en el cual temieron por su vida.
En este marco, Luis Arce, actual candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo, publicó en su cuenta de twitter su solidaridad «con los trabajadores de la prensa que en esta jornada sufrieron agresiones».
Por su parte, Evo Morales, rechazó por el mismo medio, las acciones del Gobierno de facto «El Gobierno de facto echa la culpa a Evo de todo lo malo que pasa en Bolivia: golpe, masacres, pandemia, contagios, hambre, incapacidad, corrupción, crisis económica, nepotismo, incertidumbre en elecciones y hasta atentado terrorista que armó y ataque a periodistas».
El periodismo en Bolivia se ha convertido en un escenario de intimidación permanente en el que predomina la censura, el odio, la desidia contra una profesión que debe dar las noticias al país y al mundo. En este sentido se pronunció el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, y mostró preocupación por los acontecimientos al subrayar que “el Estado debe reforzar la seguridad de periodistas en protestas y todas las partes respetar el rol de la prensa.”