La Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, demandó públicamente a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, a promulgar la Ley que incorpora a las clínicas privadas en la lucha contra el Covid-19 y puedan atender obligatoriamente, de forma gratuita y sin dilación alguna, a todas las personas que sean referidas por el Sub Sector Público de Salud.
“Observamos la falta de acción oportuna, diligente y un evidente incumplimiento de deberes por parte de la Presidenta transitoria Jeanine Áñez respecto a la omisión en la promulgación de la referida Ley; denunciamos públicamente esta conducta, que además de infringir la Constitución Política del Estado, pone en situación de riesgo y vulnerabilidad la salud de la población”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La Defensora, en conferencia de prensa, manifestó que en este momento en que el sistema público y de seguridad social de salud se encuentra colapsado, es importante que las clínicas privadas se incorporen en la lucha contra el coronavirus de forma universal y con acceso irrestricto hacia la toda la población, y no sólo para las personas que cuentan con recursos económicos.
La institución defensorial realizó verificaciones en las que evidenció que el sub sistema público de salud se encuentra completamente colapsado y desbordado en cuanto a su capacidad para atender y recibir pacientes aquejados por Covid-19, situación que los obliga a someterse a las condiciones exigidas por los dueños de establecimientos privados de salud que demandan montos exorbitantes como garantía que oscilan entre los 20 mil y los 30 mil dólares, previo a la internación.
“Este estado de vulnerabilidad absoluta es en el que ha puesto a la población la actitud negligente y dilatoria de la Presidente Áñez al no promulgar la Ley para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud durante la Emergencia Sanitaria Producida por el coronavirus”, remarcó Cruz quien, además, dijo que no se quiere pensar que haya una suerte de protección a las clínicas privadas en desmedro de la población.
Dicha Ley fue elaborada por la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados y de Senadores y tiene por objeto garantizar la atención gratuita de pacientes con Covid-19 por parte del Subsistema Privado de Salud que integra el Sistema Nacional de Salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado.
Establece, además, que las clínicas y centros privados de salud deben atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el Sub Sector Público de Salud. La normativa fue sancionada el 8 de julio pasado y remitida al Ejecutivo para su promulgación.