La Fiscalía General de Morón requisó este viernes sin orden de un juez y en un marco de máxima tensión a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Claudia Fernández.
«Este es un delito de enorme gravedad institucional, cometido desde un lugar que debería ser sede de legalidad», expresó una fuente judicial consultada extraoficialmente por Quinto Poder.
«Se trata de un allanamiento o requisa ilegal, realizada sin la orden de un juez competente. Es un procedimiento en el que existe abuso de autoridad y dónde se violan los fueros de una fiscal (Claudia Fernández). Es un atropello de todas las normas constitucionales y de procedimiento», señaló la fuente.
Según trascendió, la requisa se habría realizado por orden de la Fiscalía General de Morón, a cargo de Karina Iuzzolino. De ser así, la fiscal general interina podría enfrentar un Jury de Enjuiciamiento, ya que haberse saltado todo el procedimiento es causal de remoción en el cargo.
En los pasillos del Departamento Judicial de Morón hasta se llegó a decir que tras la requisa ilegal «están dadas las condiciones para pedirle el Jury» a Iuzzolino, quien reemplaza en el cargo al cuestionado Federico Nieva Woodgate, fiscal general suspendido y a la espera de un juicio por crímenes de lesa humanidad (ver: «Desplazaron al Fiscal General Nieva Woodgate…»)
«Son delitos sancionados en el Código Penal, que no prescriben mientras sea funcionaria. Estas irregularidades contemplan penas de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos publicos», concluyó nuestra fuente.
Con respecto a la requisa realizada en el despacho de la fiscal Fernández, aseguró que «se trata de otro invento». «Ingresaron y requisaron todo. Se trata de actuaciones formadas a partir de una licencia de la actuaria de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, quien tiene una carpeta psiquiatrica de hace años y que hace 4 meses no pisa el lugar», añadió.
«Todo el hostigamiento hacia Fernández, al parecer, lo están orientando hacia el armado de una causa de maltrato laboral».
Asimismo, confirmó que todo el procedimiento se realizó «sin orden judicial» y en el marco «de una fuerte intimidación y abuso de autoridad». «Además, el allanamiento se hizo sin testigos presenciales, con lo cual sería nulo, jurídicamente hablando, y lo que era un cuadro de depresión ahora intentan convertirlo en maltrato laboral», agregó.
«El tema es muy delicado porque hay una mujer enferma en el medio, a la que están manipulando, todo el hostigamiento hacia Fernández, al parecer, lo están orientando hacia el armado de una causa de maltrato laboral», sostuvo.
Todo lo sucedido conmocionó a la comunidad del Departamento Judicial de Morón y lo que intentaba ser un apriete silencioso hacia la fiscal terminó siendo de conocimiento público y notorio. El inicio de sumario labrado, o fraguado, es muy turbio, porque todavía no está claro de qué se la imputa a Fernández y todavía no hubo traslado de las actuaciones.
Existen fuertes antecedentes en la persecusión y violencia institucional hacía Fernández, una fiscal a la que le sacaron todas las causas que venía tramitando por narcotráfico luego de investigar al finalmente suspendido fiscal Nieva Woodgate y la utilización de la flota de vehículos de la Fiscalía General para tráfico de drogas, trata de personas y prostitución (ver: «Fiscalía de Morón involucrada…»).