La Corte Suprema ordenó el arresto del ex presidente y senador, Álvaro Uribe, por incurrir en fraude procesal y soborno en proceso por manipulación de testigos.
Este martes fue sentenciado a detención preventiva el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, el fallo de la Corte Suprema de Justicia refiere a una investigación por manipulación de testigos que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados, soborno y fraude procesal, y con el que podría agravar su sentencia a unos 8 años de cárcel.
Uribe dio a conocer su situación a los medios luego de la audiencia que se desarrollase en el transcurso de esta tarde, «La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria», escribió en su cuenta de Twitter, aunque no precisó si sería trasladado a la cárcel, la prensa local trasciende con la posibilidad de que se trate de un arresto domiciliario.
Asimismo, es necesario recordar que este caso que lleva adelante la Corte Suprema contra el ex mandatario data del año 2014, los hechos de los cuales se le acusa es su asociación con el surgimiento del paramilitarismo de Antioquia, y al fuerte crecimiento del narcotráfico en Colombia. Uribe, rindió su declaración el pasado 9 de octubre y las investigaciones están llevando a la justicia a tomar medidas precautelares en su contra.
Por su parte y de acuerdo a testimonios de los ex paramilitares, en la propiedad de la familia Uribe, en Guacharacas, se fundó el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, una de las organizaciones de esa categoría más grandes del país. Es bajo este procedimiento que el acusado incurrió en prácticas de soborno para cambiar los testimonios en su contra, las investigaciones también arrojaron a seguir al abogado defensor Diego Cadena, quien habría sobornado a Monsalve, y otros ex paramilitares con el fin de que cambien sus declaraciones.
Asimismo, su sucesor de ideología partidaria el actual presidente Iván Duque publicó una carta con el ánimo de sensibilizar los fallos de la Justicia independiente, pero declararon en respuesta que “Los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza”, sentenciaron.
El caso se encuentra en este momento en estudio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, uno de los más grandes escándalos del Gobierno de Álvaro Uribe, tiene relación con «escuchas» ilegales a jueces, periodistas y opositores, que efectuó desde el organismo de inteligencia dependiente de la Presidencia, conocidas como las “chuzadas del DAS”.