“El MAS (Movimiento Al Socialismo) me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones; sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia”, indicó Áñez en su cuenta de Twitter.
“Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos, controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara”, añadió la presidenta de facto, al tiempo que apuntó contra el partido político del ex presidente Evo Morales y del recientemente electo, Luis Arce.
El parlamento de Bolivia resolvió este jueves solicitar a la Fiscalía General que promueva un juicio de responsabilidades a Áñez. En la resolución se la acusa de los delitos de genocidio, sedición, asesinato, asesinato en el grado de tentativa, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y desaparición forzada de personas.
Con los votos de más de dos tercios de los miembros de ambas cámaras, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidió también procesos ordinarios contra un veintena de ministros del Gobierno provisorio y jefes militares y policiales.
La medida fue adoptada tras aprobar el informe final de la comisión que investigó los disturbios ocurridos en noviembre pasado en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en los que murieron al menos 30 civiles y hubo cientos de heridos de bala.
Esos incidentes ocurrieron en el contexto de las prolongadas protestas que rodearon las elecciones generales del 20 de octubre -luego anuladas por sospechas de fraude- la renuncia del presidente Morales, quien denunció que fue víctima de un golpe de Estado y la cuestionada proclamación de Áñez, convalidada por el Tribunal Constitucional.
La ALP recomendó juzgar a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
Asimismo, aconsejó procesar a Murillo y López, así como a otros nueve ministros o exministros por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes de funcionario público.