Tras el anuncio de las nuevas medidas el último miércoles por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ex mandatario llamó a la desobediencia y a desconocer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que limita la circulación para así mitigar el aumento de contagios provocados por la segunda ola de coronavirus.
Al instigar a cometer este delito de desobediencia de un decreto presidencial a través de las redes sociales, Mauricio Macri llama directamente a poner trabas a la lucha que lleva adelante el Gobierno contra el coronavirus, considerado un asunto de Estado y de Salud Publica nacional. Además de atentar contra la vida de las personas.
En ese contexto, el fiscal de Morón, Javier Ignacio Baños, este viernes presentó de oficio una denuncia penal contra el ex jefe de Estado, a quien le imputó los supuestos “delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia”.
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El funcionario judicial en su escrito asegura que el jueves el líder de Juntos por el Cambio realizó, a través de su cuenta de Twitter, un llamado a la desobediencia civil frente a las medidas que implementó el gobierno de Alberto Fernández para combatir el avance de los contagios de coronavirus, que afecta principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), etapa considerada la “segunda ola” de la pandemia en nuestro país.
“Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”, tuiteó este jueves Macri.
“Así, sucintamente, el ex Presidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados –el provincial y los municipales– adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias”, manifestó Baños en el texto de su denuncia.
Asimismo, el fiscal expresa que “el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, en particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el gobierno provincial”.
Por último, cabe destacar que Javier Baños sostiene que Macri “con sus manifestaciones arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar”.