Es que, según se observa en la cédula judicial, «la medida cautelar ordenó la reinstalación de las actoras en las mismas condiciones a las que poseían antes de la rescisión de la relación contractual, a simple vista se advierte en los instrumentos contractuales acompañados que la categoría contractual difiere respecto de la que consta en los recibos de sueldo y que el plazo de duración estipulado no se ajusta a los términos de la medida dispuesta, que en tal sentido no tiene una fecha cierta de finalización, sin perjuicio de lo que eventualmente se disponga en la Alzada o en la sentencia definitiva.»
«¿Qué Queda para el Resto?»
Ante esta decisión de la justicia laboral, Almirón expresó en diálogo con este medio que: «Mientras el juzgado plantea que nos tienen que adecuar el contrato a mí y a Patricia Ávila… sin fecha de finalización y en la misma categoría y función que venimos cumpliendo hasta el momento, el Hospital nos despidió…»
Y resaltó: «Si el Estado empleador es el que está incumpliendo la ley, cuando se supone que tiene que garantizar que se cumplan las leyes, qué queda para el resto de la población».