El presidente de EEUU se impuso una vez más el pasado miércoles, al establecer un ataque que incluye un paquete de sanciones contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional que investigan al ejército norteamericano por cometer crímenes de guerra en Afganistán. Las medidas asfixiantes consisten en bloquear los activos de los representantes de la CPI, así como evitarles el acceso al territorio del Norte para obstaculizar la investigación, medidas que también estaría aplicando a sus familiares y así evitar que pisen suelo estadounidense.
La instancia judicial declaró que el atentado por parte del presidente Trump es un “intento inaceptable de interferir el estado de derecho».
En este sentido, el Gobierno de Venezuela expresó su rechazo a las medidas unilaterales e ilegales que ha ordenado el presidente Trump, de coartar los derechos de los responsables de llevar el caso de los crímenes del ejército norteamericano en la Corte Penal Internacional (CPI).
Arreaza, en un mensaje en su cuenta de Twitter, afirmó que “Venezuela rechaza la ilegal Orden Ejecutiva adoptada el 11 de junio de 2020 por el gobierno de EEUU contra el personal de la Corte Penal Internacional, incluida su Fiscal y toda persona que provea asistencia para el buen funcionamiento de la instancia multilateral”.
Asimismo, el comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, expuso como Trump “abre las puertas a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias y punitivas contra la Corte Penal Internacional”.
Luego de que Trump publicara oficialmente las sanciones ejecutivas, su secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que su país no sería «amenazado por una corte canguro«. Aunado a las permanentes críticas de Trump a la Corte en la que pretende poner en tela de juicio su independencia, y nos devela la clara hegemonía y autoritarismo que busca imponer en el mundo.