Congreso. Mónica Macha presentó un Proyecto de Repudio a los Dichos de Patricia Bullrich sobre el Uso Personal de Armas: «Las Declaraciones Irresponsables de Bullrich promueven un Estado de Guerra de Todos Contra Todos, legitimando la Suspensión del Orden Jurídico.»

(Congreso, 2/11) El jueves 1 de noviembre se viralizó el pasaje de un vídeo donde la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich tenía otra de sus tristes pero premeditadas intervenciones a la salida de un restaurant en la Ciudad Cordobesa de Río Cuarto. Mientras que a escasos metros del pintoresco restaurant, un grupo de estudiantes universitarios la exponían en un improvisado escrache, periodistas locales dialogaron con la funcionaria en un material que trascendió por el canal de Youtube del Puntal AM, una radio de la segunda capital cordobesa que realizó la parte más polémica del reportaje a Bullrich. 

Derechos Humanos para Algunos.

La funcionaria justificó la doctrina Chocobar y habló de «un cambio de paradigma» al ser consultada de cómo darle más seguridad a los argentinos, consideró necesario «dejar de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, lograr que la política de seguridad no sea una política basada en derechos humanos para los victimarios y no para las víctimas»; y que «la razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va a ser bien importante» al definir la inocencia o culpabilidad del agente acusado de homicidio.

Ante las declaraciones de Bullrich, la periodista riocuartense, indagó si este tipo de acciones no fomentaban a que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia, a lo que la ministra refutó con la ya conocida liviana e irresponsable frase: «Ese es un tema de las personas. El que quiera andar armado que ande armado, el que no quiera andar armado que no ande armado, la Argentina es un país libre.» Enseguida quiso aclarar: «Nosotros preferimos que la gente no ande armada…»

El Repudio Legislativo.

Estas declaraciones corrieron rápidamente a lo largo y ancho del país; generando una onda preocupación sobre todo en aquéllos sectores que bregan por la universalidad de los Derechos Humanos y el valor supremo de la vida.

En ese sentido diputados nacionales de Unidad Ciudadana, presentaron un proyecto de resolución promovido por la diputada, Mónica Macha (quien es actualmente Secretaria de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, ámbito institucional donde ya confrontaron con la cuestionada Ministra de Seguridad con motivo de la presentación del informe de gestión de esta última); donde expresan: «su más enérgico repudio y profunda preocupación por los dichos de la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich»; considerando que «estas declaraciones promueven la violencia y constituyen un hecho grave e irresponsable de parte de la mencionada funcionaria pública nacional, poniendo en evidente peligro a la política de desarme y a la convivencia social pacífica».

El texto legislativo fundamenta: «desde el año 2007 nuestro país ha declarado la emergencia nacional “…en materia de tenencia, fabricación… de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados…” (conf. Art. 1 Ley 26.216). Es decir que, en virtud de la misma, los/as funcionarios/as están obligados a promover el desarme y a desalentar el uso de armas, exactamente lo contrario a lo expresado por la funcionaria en su declaración; por lo que los dichos de la Ministra infringen en forma clara y concreta la letra de la ley.»

El proyecto resolutivo resalta que el discurso de Bullrich es la palabra oficial del estado debido a su rango de ministro y considera en ese sentido que: «Detrás del uso personal de armas hay poderosos discursos sociales acerca de la inseguridad y las formas en que los/as ciudadanos/as pueden protegerse. De esa manera con las declaraciones irresponsables de Patricia Bullrich se promueve un Estado de guerra de todos contra todos y se legitima la suspensión del orden jurídico en donde no hay derechos ni obligaciones para nadie.» Y se pregunta: «¿Estos son los mecanismos de justicia y seguridad que propone el Gobierno para garantizar el orden?»