Morón. Abraham Gak no tiene sucesor en la Defensoría del Pueblo.

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(Morón, 7/03)  En la mañana de este jueves se llevó a cabo en el recinto del concejo deliberante moronense la sesión especial prevista para elegir al defensor del pueblo del distrito. Incapaces de generar consensos, excepto para poner a la oposición real en su contra, Cambiemos perdió a su candidato en las vísperas ya que el docente universitario Enrique Ferreyra Morais, promovido por Analía Zappulla se bajó de la carrera antes de que su postulación sea puesta a consideración en el recinto deliberativo (ver:«El Candidato Oficialista se bajó de la Candidatura…»).
La pelota en su cancha: Abraham Gak deberá continuar en su mandato
ante la indefinición del deliberativo moronense sobre quién lo sucederá en su cargo.

El Repudio de (casi toda) la Oposición.

Sin que los bloques se puedan poner de acuerdo y con el malestar explícito de las bancadas opositoras por la falta de transparencia de Cambiemos, que optó por suprimir todos los espacios de participación donde la comunidad elegía a los candidatos a defenderlos ante los abusos de los poderes fácticos, los ediles opositores se abstuvieron de votar en un gesto de repudio al autoritarismo de Tagliaferro y Zappulla. El oficialismo con la intención de no quedar en «offside» también se abstuvo de votar.
En soledad absoluta quedo en esta oportunidad Karina Godoy (PJ) que no cuestionó la transparencia del proceso, y postuló a Cristina Rodríguez como defensora del pueblo.
La defensoría con mayoría de abstenciones quedó desierta.
Una Jugada Premeditada.

A la vista está la estrategia del macrismo local, que dejó morir el proceso eleccionario de defensor del pueblo (habiendo vaciado previamente ese espacio de representación ciudadana) con la intención de sacarse de encima esta problemática, especulando con la prórroga del mandato de Abraham Gak hasta por lo menos el próximo mes de diciembre cuando se inicie un nuevo proceso administrativo en el municipio moronense, tal lo sugerido en sesión por el edil Emiliano Catena, quien además planteó que la ordenanza prevé incompatibilidades que debieran suprimirse, desconociendo la legislación vigente que precisamente estipula que los cargos de este tipo deben establecerlas y que la única actividad pública o privada que un defensor del pueblo puede tener por fuera de su mandato en la defensoría es la docencia.

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